Congreso admite trámite de denuncia contra Junta de Fiscales

Con una votación dividida, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza y los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por presunto desacato judicial al no restituir a Patricia Benavides. La decisión marca un nuevo capítulo en la pugna entre el Parlamento y organismos clave del sistema de justicia.

¿De qué se acusa a la Junta de Fiscales Supremos?

La denuncia constitucional 607 fue presentada por congresistas de Renovación Popular y acusa a los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos de incurrir en infracción a la Carta Magna y en delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad.

El núcleo de la acusación se centra en la supuesta omisión de cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema. Según los denunciantes, este incumplimiento configura una violación constitucional y un desacato deliberado.

¿Qué decisión tomó la Subcomisión?

El informe de calificación fue aprobado con 11 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Aunque el informe también analizaba el presunto delito de usurpación de funciones, este extremo fue declarado improcedente por no constituir un delito de función conforme a lo establecido en el Código Penal.

Ahora el proceso seguirá su curso con la posibilidad de que los acusados ejerzan su defensa ante la Comisión Permanente. Si se decide su procedencia, el Pleno del Congreso podría resolver la inhabilitación o acusación penal, previa evaluación de los cargos constitucionales.

¿Qué pasó con la denuncia contra la JNJ?

En la misma sesión, la Subcomisión rechazó el informe de calificación de la denuncia constitucional 604, que buscaba investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por una supuesta infracción constitucional en el marco de la reposición de Benavides.

La denuncia, presentada por el congresista Elías Varas, no alcanzó los votos necesarios: solo cuatro legisladores votaron a favor, ocho en contra y cinco se abstuvieron. La acusación señalaba a la JNJ por presunto avocamiento indebido y usurpación de funciones al intervenir en el proceso de designación del fiscal de la Nación.

La propuesta planteaba admitir parcialmente el caso, solo en lo que respecta a la presunta infracción constitucional. Sin embargo, el informe fue rechazado en su totalidad.

¿Hay más denuncias en curso por este caso?

Sí. En paralelo, fue admitida la denuncia 574 contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Esta fue impulsada por legisladores de la misma bancada de Renovación Popular y recibió 15 votos a favor y 2 en contra.

A Sánchez se le acusa de intentar influir en un proceso judicial para obtener el archivo de una investigación en su contra, con el aparente respaldo de Delia Espinoza y otros funcionarios. Los delitos atribuidos son obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

¿Qué implicancias políticas tiene esta decisión?

Las denuncias reflejan la creciente tensión entre el Congreso y las principales entidades del sistema de justicia. La admisión del caso Benavides pone a los fiscales supremos en una situación complicada, mientras que el rechazo del caso JNJ marca un revés para los sectores más radicales del Legislativo.

Estas acciones consolidan un escenario donde las acusaciones constitucionales se están convirtiendo en un mecanismo recurrente de presión institucional. Mientras tanto, los plazos parlamentarios determinarán si alguno de los señalados enfrentará procesos ante el Pleno.