Comisión Permanente del Congreso archiva caso Rosio Torres

¿Qué decidió la Comisión Permanente sobre Rosio Torres?

Este jueves 24 de julio, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la congresista Rosio Torres por el caso denominad Mochasueldos. La decisión fue tomada con 10 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones. Se aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no encontró “elementos suficientes” para continuar con el proceso.

La denuncia había sido presentada por el Ministerio Público, que investiga a Torres por presuntamente exigir dinero a trabajadores de su despacho para mantenerlos en sus cargos.

¿De qué se le acusa exactamente a Rosio Torres?

Se acusa a la congresista de Alianza para el Progreso de haber instalado un esquema de recorte de sueldos en su despacho y en la subcomisión que presidía. Según la investigación, los trabajadores debían entregar parte de sus remuneraciones a través de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, como condición para mantener sus empleos.

Una asesora, Cecilia Salazar, habría realizado más de 10 transferencias al sobrino de Torres, por montos que superan los 24 mil soles en solo siete meses. Estas transferencias fueron registradas y presentadas como evidencia por la Fiscalía.

¿Qué pruebas había y por qué se archivó el caso?

El Ministerio Público presentó transferencias bancarias y testimonios de extrabajadores que respaldaban la denuncia. También se autorizó el levantamiento del secreto bancario de la congresista y su sobrino. Sin embargo, el informe aprobado por la comisión concluyó que no había pruebas suficientes para confirmar la comisión del delito de concusión ni violaciones constitucionales.

La presidenta de la subcomisión, María Acuña, indicó que no se encontró evidencia clara de vulneración a los artículos 1 y 2 de la Constitución.

¿Quiénes más están involucrados en este caso?

El dominical Cuarto Poder reveló en junio de 2025 que la asesora Cecilia Salazar también estaría vinculada a una contratación cuestionada. Su hija, Alexandra Tafur Salazar, de 24 años y odontóloga de profesión, fue contratada en el Congreso en noviembre de 2024 para realizar labores administrativas en la misma oficina donde trabajó su madre.

El experto en contrataciones públicas, Marco Montoya, afirmó que esto sería ilegal, ya que está prohibido que parientes directos trabajen en la misma institución. Además, cuestionó que Alexandra no cumpliera con el perfil para el puesto.

¿Qué dijo la congresista sobre estas acusaciones?

Consultada por el reportaje, Rosio Torres reconoció que tiene una amistad de muchos años con Cecilia Salazar, pero evitó explicar las transferencias. “Tuvieras que preguntarle a ella”, respondió. También acusó al dominical de hacer “acoso mediático” y de estar financiado por sus rivales políticos.

Ni Alexandra Tafur ni Cecilia Salazar respondieron públicamente. La congresista tampoco aclaró si conocía sobre la contratación de la hija de su asesora o sobre los depósitos bancarios que se investigan.

¿Qué implicancias tiene este caso para los ciudadanos?

Este tipo de casos afecta directamente a la confianza en el Congreso y en las instituciones públicas. Si se comprueba que hubo recortes de sueldos o contrataciones irregulares, estamos ante un posible uso indebido de recursos del Estado y una vulneración de derechos laborales.

Además, que una denuncia con evidencias concretas sea archivada por el mismo Congreso puede enviar un mensaje de impunidad, lo cual impacta en la credibilidad del sistema democrático.

¿Hubo otras denuncias archivadas en la misma sesión?

Sí. La Comisión Permanente también archivó la denuncia constitucional contra la exministra de Salud Rosa Gutiérrez Palomino, acusada de omisión y demora en actos funcionales durante la crisis del dengue. En ese caso, el archivo fue respaldado por 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Ambas decisiones han generado críticas en redes sociales y entre expertos que observan un patrón de blindaje desde el Congreso hacia sus miembros o funcionarios afines.

¿La Fiscalía puede seguir investigando?

Sí. Aunque el Congreso haya archivado la denuncia constitucional, el Ministerio Público puede continuar con la investigación penal. La autorización judicial para levantar el secreto bancario sigue vigente, y se pueden incorporar nuevos testimonios o documentos.

El archivamiento legislativo impide un juicio político o la inhabilitación desde el Congreso, pero no bloquea un proceso penal a nivel judicial.

¿Qué dicen los especialistas sobre este tipo de blindajes?

Expertos como Marco Montoya y organizaciones civiles han alertado sobre el uso político de la mayoría parlamentaria para evitar que avancen investigaciones contra congresistas. Han señalado que decisiones como esta afectan la rendición de cuentas y fortalecen la percepción de impunidad en el poder legislativo.

También se cuestiona la falta de sanciones reales en casos donde hay evidencias de prácticas como recortes de sueldos o contrataciones irregulares.

La Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia contra Rosio Torres pese a las transferencias bancarias y testimonios que la vinculaban con un presunto esquema de recortes salariales en su despacho. También se reveló la contratación de la hija de su asesora en el Congreso, en aparente contradicción con la ley. Aunque el caso fue cerrado en el plano legislativo, la Fiscalía continúa investigando. La decisión ha sido duramente cuestionada por su impacto en la transparencia del Congreso.