APP propone registrar víctimas de extorsión y congelar deudas

La bancada de APP presentó un proyecto de ley que propone crear un registro oficial para víctimas de extorsión y otorgarles apoyo económico. La iniciativa contempla el congelamiento de deudas bancarias y tributarias, así como el acceso a créditos preferenciales.

Fue planteada por la congresista Edhit Julón y se encuentra en análisis en las comisiones de Defensa Nacional y Economía del Congreso.

El proyecto está orientado a micro y pequeños empresarios afectados por delitos violentos, y plantea que la gestión del registro esté a cargo del Ministerio del Interior.

Algunas voces del Congreso han criticado la medida, mientras que otras la respaldan por considerar urgente la protección a este sector.

¿Qué plantea el proyecto de APP sobre las víctimas de extorsión?

El Proyecto de Ley Nº 10289/2024-CR busca establecer un registro oficial de micro y pequeños empresarios víctimas de extorsión, sicariato o secuestro.

Quienes estén inscritos podrán acceder a beneficios económicos extraordinarios que les permitan mantener sus negocios operativos, pese al impacto de la criminalidad organizada.

¿Qué beneficios propone para las MYPE registradas como víctimas?

La propuesta contempla líneas de crédito con tasas preferenciales, un periodo de congelamiento de deudas bancarias de 180 días y facilidades tributarias, como prórrogas o fraccionamiento de pagos.

Estas medidas están dirigidas a empresarios que hayan presentado denuncias formales y cuya condición sea verificada por las autoridades.

¿Quiénes estarían a cargo del registro de víctimas de extorsión?

El registro propuesto sería administrado por el Ministerio del Interior. Para inscribirse, las víctimas deberán presentar una denuncia y coordinar con la Policía Nacional.

Además, el Ministerio Público o el Poder Judicial deberá confirmar la existencia de una investigación abierta para validar la inscripción. Toda la información será tratada con confidencialidad.

¿Qué dijeron congresistas sobre la viabilidad de este proyecto?

Juan Carlos Lizarzaburu, también integrante de APP, retiró su firma del proyecto al considerarlo improcedente. Gladys Echaíz afirmó que la propuesta es poco seria y podría interpretarse como un aval indirecto a la delincuencia.

Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, sostuvo que el enfoque debe centrarse en fortalecer la inteligencia policial.

¿Qué datos respaldan la necesidad de esta propuesta legislativa?

Según cifras presentadas en el proyecto, en 2024 se reportaron 19,432 casos de extorsión y 1,125 de sicariato. El 99.5% de las empresas del país son MYPE y emplean a casi la mitad de la PEA.

Sin embargo, más del 70% carece de acceso al sistema financiero formal, lo que agrava su vulnerabilidad ante el crimen organizado.

¿Cómo se implementaría esta propuesta sin afectar el presupuesto público?

El proyecto establece que el financiamiento provendría de los recursos existentes de las entidades involucradas. El Banco de la Nación y COFIDE canalizarían los créditos, mientras que la SUNAT aplicaría las facilidades tributarias.

Se indica que no se requerirá financiamiento adicional del Tesoro Público y se utilizarán precedentes como los aplicados durante la pandemia.

¿Cuáles serían los plazos y condiciones para aplicar la ley?

El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley y 60 días adicionales para implementarla. El uso indebido de los beneficios será sancionado con multas de hasta 10 UIT. El proyecto también contempla una coordinación interinstitucional y un sistema de fiscalización a cargo del propio Ejecutivo.

¿Quiénes respaldan el proyecto y en qué etapa legislativa se encuentra?

Además de Julón, el proyecto cuenta con el respaldo de legisladores como Roberto Chiabra, Alejandro Soto y Magaly García. Fue presentado el 20 de febrero de 2024 y actualmente se encuentra en evaluación por las comisiones de Economía y Defensa Nacional. La propuesta continúa generando debate sobre sus implicancias legales y operativas.

APP presentó un proyecto de ley que propone crear un registro oficial para micro y pequeños empresarios víctimas de extorsión, sicariato o secuestro. El objetivo es otorgar beneficios como congelamiento de deudas, líneas de crédito y prórrogas tributarias. El registro estaría a cargo del Ministerio del Interior y requeriría verificación policial y judicial. La medida fue criticada por algunos legisladores que consideran que podría legitimar indirectamente la extorsión. Otros la respaldan como una herramienta económica ante la inseguridad. El proyecto se encuentra en evaluación en las comisiones de Defensa Nacional y Economía del Congreso de la República.