Alerta por iniciativa que busca eliminar la ATU en Lima y Callao
ACTU y expertos en movilidad rechazan el proyecto de ley que deroga la ATU. Alertan que traerá retrocesos, fragmentación del sistema, pérdida de control fiscalizador y beneficios a operadores informales.
Foto y video: Canal N
La propuesta legislativa de la congresista Patricia Chirinos, que busca disolver la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ha encendido las alarmas entre los gremios vinculados al transporte formal. La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) advirtió que de prosperar esta iniciativa, Lima y Callao volverán a un escenario de caos e informalidad.
¿Qué dice el proyecto de ley que elimina la ATU?
La iniciativa plantea derogar la Ley N.° 30900, que dio origen a la ATU, y devolver las competencias sobre el transporte urbano a las municipalidades de Lima y Callao. Según el documento, la ATU no ha logrado integrar eficientemente el sistema de transporte, y presenta deficiencias operativas como la falta de fiscalización de vehículos sin revisión técnica o la aprobación de garantías falsas.
También se acusa a la ATU de no tener legitimidad ni articulación con los gobiernos locales, al excluirlos de los espacios de toma de decisiones, lo que, de acuerdo con el proyecto, ha debilitado la gobernanza del sistema.
¿Por qué ACTU rechaza la propuesta?
Para la ACTU, el proyecto representa un grave retroceso. Señalan que la ATU ha permitido ordenar el sistema, implementar un nuevo plan regulador de rutas, otorgar autorizaciones con estabilidad jurídica y avanzar en una renovación de flota con enfoque ambiental. Asimismo, alertan que eliminarla frustraría la integración tarifaria, debilitaría la fiscalización técnica y perjudicaría al usuario final.
Además, recuerdan que gracias al Decreto Legislativo N.º 1678, la ATU ya cuenta con nuevas competencias para estructurar un sistema tarifario integrado. Por tanto, consideran inaceptable que se quiera desmontar lo avanzado.
¿Quién se beneficiaría si se elimina la ATU?
ACTU y otros especialistas en transporte coinciden en que los únicos beneficiados serían los operadores informales y sectores que lucran con la desregulación. Estos grupos podrían generar más congestión, contaminación e inseguridad, afectando directamente a los ciudadanos.
Por ello, hicieron un llamado al Congreso para que rechace el proyecto y, en su lugar, apruebe una ley que fortalezca a la ATU como un ente técnico, autónomo y profesional.
