Chirinos propone eliminar la ATU y devolver funciones a municipio

La congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone disolver la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y restituir las competencias de transporte urbano a las municipalidades provinciales.

La propuesta plantea la derogación de la Ley N.° 30900, argumentando que la ATU ha sido ineficiente, vulnerando la autonomía municipal y sin lograr mejoras concretas para los ciudadanos.

¿Qué funciones recuperarían las municipalidades?

De aprobarse la norma, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la del Callao volverían a encargarse de la planificación, fiscalización, regulación, supervisión y prestación de los servicios de transporte urbano. Esto incluiría decisiones sobre rutas, autorizaciones, tarifas, sistema de recaudo, infraestructura y fiscalización técnica.

El documento sostiene que las municipalidades cuentan con legitimidad democrática, conocimiento territorial y experiencia técnica para liderar una reforma estructural en materia de transporte.

¿Cómo se implementaría la derogación de la ATU?

La propuesta legislativa incluye la creación de una Comisión Técnica de Transferencia, conformada por el MTC, las municipalidades de Lima y Callao, y la Contraloría. Tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles para elaborar un informe sobre la reasignación de competencias, recursos, personal y bienes.

Además, el Ministerio de Economía autorizaría las transferencias presupuestarias necesarias para garantizar la operatividad de los gobiernos locales. Los trabajadores técnicos de la ATU podrían ser reubicados en las municipalidades, tras una evaluación.

¿Qué críticas se hacen a la gestión de la ATU?

El proyecto detalla una serie de deficiencias en la gestión de la ATU, entre ellas:

• Falta de integración entre los sistemas de transporte (corredores, Metro, Metropolitano, entre otros).

• Débil control técnico, con miles de unidades circulando sin revisión.

• Infraestructura deteriorada en paraderos y estaciones.

• Problemas de gobernanza por exclusión de las municipalidades.

• Pagos irregulares a consorcios, según la Contraloría.

Chirinos argumenta que la ATU ha fracasado en su propósito de reformar el sistema de transporte, mientras ha generado conflictos institucionales y duplicidad de funciones.

¿Qué impacto tendría esta ley en la legislación actual?

El efecto inmediato sería la derogación del marco legal que creó la ATU, restableciendo el régimen anterior previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades. Según la autora, esto no generaría un vacío legal, sino que fortalecería la autonomía local, en coherencia con los principios de descentralización y subsidiariedad.

El proyecto se alinea con políticas del Acuerdo Nacional que promueven un Estado eficiente y descentralizado. En su análisis de costo-beneficio, la iniciativa reconoce un proceso de transición con costos temporales, pero asegura que los beneficios estructurales para el sistema de transporte justifican plenamente su aprobación.