EE.UU.: campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional
La secretaría de Estado estadounidense anunció sanciones económicas y restricciones de visa para el personal del tribunal de La Haya.
Foto y video: Canal N
El gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, lanzó una campaña diplomática global para restarle legitimidad a la Corte Penal Internacional (CPI). La medida fue anunciada oficialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, el martes 14 de julio de 2026 en la ciudad de Washington.
La estrategia estadounidense tiene como objetivo principal presionar a los gobiernos aliados de Europa y América para que retiren su apoyo político a este tribunal de justicia. Según el portavoz oficial de la administración norteamericana, la corte busca procesar penalmente a agentes de las fuerzas del orden del país norteamericano.
¿Por qué Estados Unidos considera que la Corte Penal Internacional es una amenaza?
Estados Unidos considera que el tribunal de La Haya representa una "amenaza intolerable" para su soberanía debido a los intentos de procesar a sus soldados y diplomáticos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que "el peligro de este tribunal global no ha hecho más que crecer; hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y legal".
El gobierno norteamericano rechaza que una entidad jurídica externa tenga la potestad de juzgar a personal militar que actúa bajo las leyes nacionales y la defensa del país. La diplomacia estadounidense asegura que el organismo internacional pretende investigar y encarcelar a funcionarios norteamericanos de manera arbitraria y sin autorización de su gobierno.
La administración de Donald Trump sostiene que las investigaciones del tribunal socavan el derecho constitucional del Estado norteamericano para regular sus propios asuntos de justicia militar. El inicio de la campaña internacional de presión responde directamente a las indagaciones de los fiscales de La Haya sobre acciones defensivas de los aliados.
¿Qué medidas aplicará el gobierno de Donald Trump contra los fiscales del tribunal?
El gobierno de Donald Trump aplicará estrictas prohibiciones de ingreso a los Estados Unidos y sanciones económicas directas a los miembros de la corte penal de La Haya.
De acuerdo con el plan anunciado por la secretaría de Estado, se bloquearán todas las transacciones de bienes de los jueces y fiscales del organismo.
Las sanciones se dirigen a entorpecer el funcionamiento cotidiano del tribunal mediante la congelación de cuentas bancarias y el veto al uso de los sistemas de pago norteamericanos.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, enfatizó la postura dura del país al declarar que "les enseñaremos el verdadero significado de la determinación estadounidense".
Este paquete de restricciones busca replicar la estrategia utilizada por el partido de gobierno en periodos previos, cuando se bloquearon los visados a fiscales que indagaban crímenes en Afganistán.
Las medidas también responden a las acciones del tribunal internacional contra altos funcionarios y militares de Israel, un aliado estratégico de Washington en el Medio Oriente.
¿Cuál es el origen legal de la disputa entre Washington y la Corte de La Haya?
El origen de la disputa radica en que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma de 2002, el tratado internacional fundacional que creó formalmente la corte internacional.
La asamblea general del país norteamericano firmó el documento original, pero el congreso nunca lo aprobó legalmente, manteniendo su autonomía judicial intacta.
Los defensores de los derechos humanos afirman que el organismo penal garantiza la justicia global para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. En contraste, los detractores consideran que la entidad no puede extender su competencia y autoridad a naciones soberanas que decidieron no firmar el tratado.
La campaña del Departamento de Estado pretende obligar a los países firmantes del acuerdo a priorizar sus relaciones comerciales con Washington por encima de las decisiones de La Haya. El personal diplomático de Estados Unidos ya inició coordinaciones con cancillerías extranjeras para limitar la transferencia de fondos económicos destinados al presupuesto operativo anual del tribunal.
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