Voto 2026: Quién es quién en la trama de negligencias de la ONPE
La Fiscalía y el JNE señalan a los altos mandos de la ONPE como responsables de las fallas en el despliegue del material electoral
Lo que debió ser un proceso eficiente en Lima y Callao terminó en un escándalo judicial que hoy tiene nombres y apellidos propios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta el momento más crítico de su historia reciente luego de que una cadena de errores logísticos impidiera el voto de miles de ciudadanos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha tomado una medida sin precedentes: denunciar penalmente a Piero Corvetto, jefe de la institución, por presunta obstaculización del derecho al sufragio y omisión de actos funcionales.
¿Quiénes son los funcionarios señalados por el caos electoral?
Detrás de la desorganización existe una estructura jerárquica que hoy rinde cuentas ante la justicia. A la cabeza se encuentra Piero Corvetto Salinas, quien a pesar de contar con un equipo de asesores y un sueldo que representa un gasto mensual para el Estado de 88 mil 329 soles, no garantizó la operatividad del proceso. Junto a él, otros mandos clave han sido incluidos en las investigaciones:
-José Samam Blas: Exgerente de Gestión Electoral, quien fue detenido por flagrante delito de omisión a sus actos funcionales tras presentar su renuncia el mismo día de las elecciones.
-Juan Phang Sánchez: Subgerente de Producción Electoral y funcionario con más de 20 años en la institución. Phang ya era investigado por presuntamente integrar la organización criminal "Los Gánsters de la Política".
-Ricardo Saavedra Mavila y Edward Alarcón González: Gerentes de Organización Electoral y Administración, respectivamente, también incluidos en la denuncia ante el Ministerio Público.
¿Cómo falló la millonaria inversión de 41 millones de soles?
La ONPE destinó un presupuesto de 41 millones de soles para la compra de laptops e impresoras destinadas al sistema STAE, una plataforma digital para el conteo de votos. Sin embargo, estos equipos —entregados por la empresa SIVCORP S.A.C. desde septiembre de 2025— nunca fueron sometidos a pruebas de operatividad antes del día de la votación.
El caos se agudizó porque el material informático no estaba embalado ni etiquetado oportunamente, lo que retrasó la salida de los camiones desde los almacenes en Lurín. La falta de personal técnico para resolver problemas básicos, como enchufes que no coincidían, provocó que locales en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac permanecieran cerrados durante las primeras horas. Según el presidente del JNE, Roberto Burneo, Corvetto fue advertido de estos riesgos, pero no cumplió con retornar al sistema convencional como se le solicitó.
¿Se rompió la cadena de custodia del material electoral?
La negligencia no solo fue técnica, sino de seguridad. El hallazgo de cédulas de sufragio abandonadas en la vía pública en Surquillo —olvidadas en un taxi por personal de la ONPE— marcó el punto de quiebre de la confianza institucional. A este hecho se suma el extravío oficial de 8 actas electorales correspondientes a la elección de Senador Nacional en San Juan de Lurigancho.
Incluso la contratación de la empresa de transportes Galaga S.A.C. está bajo sospecha. Esta compañía ganó el contrato pese a presentar la oferta más alta y tras un proceso de selección donde se aplicaron criterios técnicos inesperados que dejaron fuera a sus competidores. Mientras el Ministerio Público avanza, se reveló que la ONPE autorizó en tiempo récord —el mismo día de la solicitud— que el Estado pague la defensa legal de Piero Corvetto.