¿Qué dijo Sánchez de reportajes sobre visitas a Pedro Castillo?

El excandidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronuncio sobre el reciente reportaje de Cuarto Poder que expone presuntos ingresos de visitas para el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Al respecto, Sánchez descartó la existencia de irregularidades y afirmó que las acusaciones publicadas responden a una intencionalidad de "desinformar y enturbiar" el panorama legal y social en torno al exmandatario, quien purga una condena de 11 años y cinco meses por conspiración para la rebelión tras su intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Para el legislador, el informe busca evitar una eventual excarcelación del expresidente, medida que considera una decisión política correcta por parte del Estado peruano. Ante este escenario, Sánchez convocó a sus bases a participar en una movilización este miércoles 15 de julio bajo las consignas de exigir justicia por los fallecidos en el sur durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a finales de 2022 e inicios de 2023, y demandar la libertad de Pedro Castillo.

¿En qué consiste el recurso de gracia común y el pronunciamiento del grupo de trabajo presentados por su defensa?

La defensa del expresidente presentó el pasado viernes 10 de julio una solicitud de derecho de gracia común ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El recurso, amparado en la Constitución Política, argumenta que la detención preventiva excedió todos los plazos legales aplicables, indicando que la prórroga de investigación concluyó el 11 de abril de 2024 y que el límite máximo de la prisión provisional se cumplió el 16 de diciembre de 2024. Por encontrarse el proceso judicial en etapa de apelación y sin una sentencia firme, se solicita revocar la medida de prisión.

A este pedido se suma lo resuelto en la Opinión 78/2025, emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y difundida el último 9 de julio. El grupo de trabajo concluyó que la detención de Pedro Castillo es arbitraria debido a que el exmandatario no contó con un debido proceso, detallando que se afectaron sus derechos a la presunción de inocencia, a ser juzgado por un tribunal competente y a contar con un abogado de su confianza durante la audiencia donde se ordenó su reclusión.