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21.09.2026

Renovación Popular: Más de 100 candidatos con sentencias penales

Pese al discurso de mano dura contra la delincuencia de Rafael López Aliaga, Renovación Popular postula a más de 100 candidatos con condenas judiciales por homicidio calificado, violación sexual a menores, tráfico de drogas y corrupción. Video: Cuarto Poder

Pese al discurso de mano dura contra la delincuencia de Rafael López Aliaga, Renovación Popular postula a más de 100 candidatos con condenas

Un total de 110 candidatos del partido Renovación Popular registran sentencias penales por delitos como homicidio calificado, violación sexual a menores, tráfico ilícito de drogas, peculado, colusión y malversación de fondos. Las condenas figuran en los expedientes de 8 postulantes a gobiernos regionales, 16 a alcaldías provinciales y 86 a alcaldías distritales en diversas regiones del país. La presencia de aspirantes con antecedentes judiciales genera una contradicción con el discurso oficial de la agrupación, liderada por Rafael López Aliaga, que promueve la sanción drástica contra la delincuencia y la corrupción.

Entre las candidaturas señaladas figura la de Enrique Torres Montilla, aspirante a la alcaldía distrital de Rumisapa, en San Martín, quien fue condenado por el asesinato del entonces alcalde Hernán Alegría Tuesta en noviembre de 2005. Las investigaciones judiciales determinaron que el postulante pagó 200 soles a un sicario para ejecutar el crimen. Asimismo, en Caspizapa postula a regidor Carlos Vigo Guarnis, quien registró una sola letra en su declaración jurada para ocultar una sentencia por violación sexual a un menor de edad dictada el 13 de julio de 2005. En la misma lista a la alcaldía figura Saturdino Yanayaco Cagallazas, sentenciado por tráfico ilícito de drogas y peculado.

¿Qué otros casos de postulantes con condenas penales se detectaron en Ica y Lambayeque?

En el distrito de Pueblo Nuevo, en Ica, postula a la alcaldía Edwin Aburto Santiago, detenido en 2003 por intentar ingresar pasta básica de cocaína oculta en nueve pescados al penal de Tambo de Mora. El candidato fue sentenciado por la modalidad agravada de tráfico ilícito de drogas a 7 años de cárcel, pena que terminó de cumplir en régimen de semilibertad. En el actual proceso electoral, el postulante fue inscrito junto a su hijo, quien figura como candidato a teniente alcalde dentro de la misma nómina municipal.

En Olmos, Lambayeque, la organización presenta a Willy Serrato Puse, excongresista e investigado en 2018 como presunto integrante de la red Los Temerarios del Crimen. El candidato registra una condena de 3 años de pena suspendida por tráfico de influencias simuladas tras acogerse a la conclusión anticipada, además de una sentencia de 2019 a 4 años de pena suspendida por malversación de fondos de la Asociación de Discapacitados de Olmos. Su historial suma otra condena a 3 años de pena efectiva por colusión simple, junto a diversos expedientes en los que fue citado como testigo en la causa Los Cuellos Blancos del Puerto.

¿Qué irregularidades y fallos judiciales pesan sobre los postulantes analizados?

Las listas del partido también registran anomalías administrativas, como la inclusión en Caspizapa de candidatas a regidoras que no residen en el distrito o que declararon no haber aceptado postular por la agrupación. No obstante, el aspecto central de las revisiones recae en las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales respecto a los antecedentes delictivos de los candidatos.

En el aspecto penal, las resoluciones dictadas por el Poder Judicial determinaron sanciones definitivas para los implicados. En el proceso contra Enrique Torres Montilla, los jueces impusieron 18 años de prisión efectiva y una reparación civil de 15.000 soles por el delito de homicidio calificado. Respecto a Saturdino Yanayaco Cagallazas, el Primer Juzgado Penal de Piura fijó una pena de 6 años de cárcel efectiva por tráfico de drogas. En el caso de Willy Serrato Puse, la judicatura estableció condenas de 3 años de pena suspendida por tráfico de influencias, 4 años de pena suspendida por malversación y 3 años de pena efectiva con 10.000 soles de reparación civil por el delito de colusión simple.

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