Negocio privado en terreno público: los mil metros que San Borja quiere recuperar
Una clínica privada se niega a devolver más de mil metros cuadrados de terreno municipal tras vencer su contrato de concesión de 30 años
La Municipalidad de San Borja emprendió la batalla legal y social para recuperar un terreno público de más de mil metros cuadrados en las Torres de Limatambo, luego de que el contrato de concesión por 30 años que mantenía con la Clínica de Especialidades Médicas Universal S.A. venciera indefectiblemente el pasado 31 de agosto.
¿Por qué la Municipalidad de San Borja tilda de ocupante precario a la clínica?
El procurador municipal de San Borja, Freddy Cruces, confirmó que, al haberse extinguido de forma definitiva el contrato de concesión suscrito en 1996, el establecimiento de salud privado perdió su título legal para permanecer en el predio, convirtiéndose técnicamente en un ocupante precario. La comuna cuestiona que durante tres décadas la clínica expandió sus servicios lucrativos —como farmacia, internamiento y emergencias— manteniendo el pago fijo de un 5% correspondiente únicamente a consultas ambulatorias, lo que equivale a solo 40 mil soles mensuales por el uso de más de mil metros cuadrados de suelo municipal.
A la controversia de los reducidos pagos que percibe la comuna se suma la profunda indignación de los vecinos sanborjinos por los elevados costos de las consultas. El centro de salud privado cobra 80 soles por atención ambulatoria, una tarifa marcadamente superior a la de otros establecimientos comunales en la capital, tales como el Centro Médico Municipal de San Isidro (12 soles), el Policlínico Municipal de Miraflores (27 soles) o el Centro de Salud de La Molina (30 soles).
¿Qué irregularidades rodean a la medida cautelar que paraliza la restitución del inmueble?
Para frenar el desalojo y evitar que el municipio tome las riendas de la gestión de salud, la empresa concesionaria acudió al Poder Judicial y obtuvo una medida cautelar dictada a espaldas de la corporación municipal. La resolución judicial lleva la firma del juez comercial Juan Varillas Solano, magistrado que fue recientemente suspendido por seis meses de su cargo por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial debido a graves faltas en sus labores.
Analistas y penalistas han identificado gruesas anomalías en el documento judicial, destacando una inusual rapidez en su aprobación en menos de siete días hábiles y la inclusión de la frase defensiva "mi representada", un indicio de que la resolución habría sido elaborada externamente por los abogados del privado. Adicionalmente, el fallo del juez suspendido desbordó el marco legal al suspender indefinidamente las facultades de fiscalización de la comuna, situación que la procuraduría distrital ha calificado de arbitraria y que buscará anular en los tribunales.