Fiscalía investiga desaparición de 1,200 archivos en la JNJ
La Oficina de Tecnologías de la Información aún no ha dado una explicación oficial, y entre la información perdida habría archivos vinculados al fiscal José Domingo Pérez y denuncias registradas durante el presente año
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra en el centro de una controversia luego de que el diario Correo revelara la desaparición de 1,200 documentos de su sistema interno.
La Oficina de Tecnologías de la Información aún no ha dado una explicación oficial, y entre la información perdida habría archivos vinculados al fiscal José Domingo Pérez y denuncias registradas durante el presente año.
El hecho fue reportado oficialmente el 2 de agosto a Magnolia Martínez, de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado a los responsables de esta manipulación de la base de datos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores.
La Fiscalía inició acciones apenas un día después de la publicación periodística, lo que ha sido interpretado por algunos como una coincidencia llamativa.
Críticas desde el Congreso
La presidenta de la JNJ, Delia Espinoza, enfrenta duras críticas desde el Congreso. Algunos legisladores consideran que la institución “no respeta la jerarquía normativa” y proponen su reorganización inmediata.
Otros han llegado a sugerir la destitución de Espinoza debido a la supuesta falta de resultados y a la pérdida de confianza en la gestión de la entidad.
En declaraciones públicas, congresistas señalaron que la JNJ ya “tiene méritos suficientes” para ser intervenida y reorganizada, debido a las deficiencias en el manejo de sus funciones y a la falta de respuestas sobre la desaparición de los documentos.
Caso Patricia Benavides y posibles acciones
En paralelo, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, envió un oficio al titular del Congreso, José Geri, para informar que la Junta de Fiscales Supremos continúa sin cumplir la resolución que ordena la reposición de Patricia Benavides. Según el documento, este incumplimiento es “flagrante e injustificado”.
Ante este escenario, algunos parlamentarios evalúan presentar una denuncia constitucional contra los responsables de la pérdida de documentos. La medida podría ser asumida por cualquier congresista que adopte el caso y lo formalice ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
La tensión entre la Fiscalía, el Congreso y la JNJ sigue en aumento, mientras la ciudadanía espera explicaciones claras y acciones concretas sobre lo sucedido.