Fiscales Supremos critican ley que debilita extinción de dominio

La Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la promulgación de la Ley 32326, que modifica la ley de extinción de dominio. Según la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, esta norma perjudica gravemente la lucha contra la criminalidad organizada y fue aprobada sin considerar los aportes del Ministerio Público.

La ley ahora exige una sentencia firme para iniciar el proceso de extinción de dominio, lo que según Espinoza, hará que el Estado actúe solo después de largos procesos judiciales. También se establece un plazo de prescripción de cinco años, cuando antes era indefinido.

¿A quiénes favorece esta nueva norma?

Espinoza afirmó que con esta modificación, delincuentes y testaferros podrán conservar bienes obtenidos de manera ilegal. Señaló que se verán perjudicados 2.374 de los 5.753 casos activos de extinción de dominio, lo que permitirá a personas procesadas por corrupción, lavado de activos y crimen organizado seguir usando sus propiedades.

La fiscal también advirtió que el sistema judicial podría verse obligado a devolver activos, desbloquear cuentas y anular embargos ya realizados. Esto debilita todo el trabajo realizado en años de investigaciones.

¿Qué consecuencias puede tener a nivel internacional?

Según la fiscal de la Nación, esta ley pone al país en incumplimiento de tratados internacionales como las convenciones de Palermo y Mérida, además de ir contra las directrices de Naciones Unidas sobre recuperación de activos. Esto afectaría la imagen del Perú como un país comprometido con la lucha contra el crimen.

Espinoza llamó al Congreso y al Ejecutivo a rectificar esta decisión, y recordó que ya se ha dado marcha atrás antes, como en el caso de la ley que eliminó la detención preliminar. “Esperamos que esta corrección ocurra lo más pronto posible”, concluyó.