Compra millonaria de armas para la PNP sin un concurso público
A pocos días de culminar su mandato, el gobierno de José María Balcázar concretó una polémica compra sin licitación de 31,045 pistolas para la PNP por casi USD 30 millones
El Ministerio del Interior (Mininter) realizó una adjudicación directa para adquirir 31045 pistolas de puño calibre 9x19 mm destinadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) por un monto de 29469705 dólares en la etapa final del gobierno de José María Balcázar. La operación se ejecutó mediante la modalidad por encargo a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), empresa estatal adscrita al Ministerio de Defensa. El contrato 01-2026, firmado el 11 de junio de 2026 por el director de administración Ítalo Gerardini Panez y el coronel Antonio Zapata Vargas, estableció el pago por adelantado del 100% del presupuesto antes de recibir el armamento.
Especialistas en contrataciones públicas, como Marco Montoya, señalaron que el pago del 100% de adelanto contraviene las normas que fijan un tope máximo de 30%, configurando indicios del delito de colusión. Pese a que el desembolso total equivale a más de 100 millones de soles, el cronograma fijado establece que el primer lote de 2000 pistolas modelo Jericho llegará a los 2 meses y medio, mientras que la entrega final del proveedor israelí IWI se completará en un plazo de 14 meses.
¿Cuáles fueron los antecedentes e irregularidades detectadas en el proceso de selección?
El proceso de compra internacional se inició en junio de 2024 con la participación de postores como Beretta, Tanfoglio y Sig Sauer, cuyas ofertas oscilaban entre los 17 y 24 millones de dólares, con plazos de entrega de hasta 120 días. No obstante, tras 8 postergaciones y la rotación de 5 directores generales de administración en el Mininter, la entidad declaró la nulidad de la convocatoria en diciembre de 2025 citando vicios en las especificaciones técnicas y falta de libre concurrencia.
El 2 de marzo de 2026 se canceló la licitación internacional, pero al día siguiente, el 3 de marzo de 2026, el Mininter reactivó el requerimiento mediante FAME para otorgar la buena pro el 2 de julio de 2026 a la empresa IWI. Esta compañía presentó la propuesta económica más alta del concurso anulado, representando un sobrecosto estimado de 13 millones de dólares en comparación con las ofertas de menor precio. Ante las revelaciones, el ministro José Mercedes Zapata Morante evitó dar declaraciones, mientras que el mandatario José María Balcázar calificó de sospechoso el pago por adelantado de la adquisición.