Hoy:

    Voto de confianza: Acción Popular exige hoja de ruta

    Acción Popular pide una hoja de ruta clara, eliminar el REINFO y el TUUA, y revisar permanencia del Perú en la Corte IDH antes de dar su voto

    Julio Chávez, presidente de Acción Popular, pidió una hoja de ruta al gabinete liderado por el premier Arana para dar voto de confianza. Video: Canal N

    Este jueves 12 de junio, el gabinete liderado por Eduardo Arana se presentará ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Esto significa que el Ejecutivo necesita el respaldo del Parlamento para continuar con sus funciones sin cambios mayores. Sin embargo, Acción Popular ya anunció que su apoyo dependerá de algunas condiciones clave.

    ¿Por qué Acción Popular no está convencida?

    Para esta bancada, el problema principal es que el gabinete no ha sido renovado como esperaban. Según contó el presidente del partido, Julio Chávez, al preguntarle a la presidenta Dina Boluarte por qué no cambió más ministros, ella respondió: “No conozco más gente”. Esto generó molestia y preocupación en el partido de la lampa, que considera que se perdió la oportunidad de sumar nuevos profesionales al gobierno.

    ¿Qué condiciones está poniendo Acción Popular?

    Han planteado tres exigencias concretas. Primero, que el gabinete presente una hoja de ruta clara: qué piensa hacer y cómo va a lograrlo. Segundo, que se elimine el REINFO, el registro que usan muchos mineros informales para operar sin formalizarse realmente. Y tercero, que se anule el TUUA, una tarifa que se cobra en los aeropuertos a pasajeros que hacen conexiones dentro del país.

    Estas medidas buscan mostrar un cambio real en la gestión del Ejecutivo y no solo una presentación de rutina ante el Congreso.

    ¿También quieren salir de la Corte IDH?

    Acción Popular ha pedido que se evalúe si el Perú debe seguir formando parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque esto no es nuevo, ahora lo colocan como parte de las condiciones para apoyar al gabinete Arana.

    Algunos creen que esta propuesta podría afectar derechos fundamentales, mientras otros la defienden como una manera de recuperar decisiones soberanas.