Vínculos de la familia de Jenss Lara con obras públicas en Pataz

El violento secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el posterior homicidio de Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, ocurridos el pasado 30 de agosto en Trujillo, han puesto al descubierto un complejo entramado de contrataciones públicas ligadas a la minería en Pataz. Las pesquisas iniciales revelan que una de las víctimas mortales, quien se desempeñaba como agente de seguridad de Jenss Lara Tantaquilla, figuraba formalmente como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca. Este grupo empresarial obtuvo la adjudicación de una consultoría de obra pública valorizada en 354 mil soles en el distrito de Tayabamba, bajo la firma de la actual gestión del candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños.

Las investigaciones periodísticas señalan que el esquema de negocios abarcó múltiples licitaciones en la provincia de Pataz, zona con alta incidencia de actividad minera. Analistas políticos como Iván Arenas advierten que la adjudicación de obras públicas suele ser empleada como un mecanismo de lavado de activos proveniente de la extracción ilegal de oro. En este escenario, la familia materna de Jenss Lara Tantaquilla logró concentrar contratos con el Estado por un monto acumulado que supera los 11 millones de soles, activando las alarmas de la Fiscalía de la Nación.

¿Cómo operaba la red de contrataciones vinculada a la familia Tantaquilla?

De acuerdo con los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el grupo familiar colocó a diversos parientes en empresas contratistas. Es el caso de Luis Steven Campos Tantaquilla y Yimi Gerardo Rojas Tantaquilla, primos hermanos del minero secuestrado, quienes figuran en la Constructora Ohana S.A.C., entidad que acumuló contratos por 3 millones 786 mil soles en el municipio de Chillia. De igual manera, Tantaquilla Contratistas S.A.C., integrada por los tíos maternos Dora Tantaquilla Domínguez, Alberto Tantaquilla Domínguez y Yannino Tantaquilla Domínguez, adjudicó licitaciones públicas por más de 1 millón 383 mil soles.

El rastreo financiero también salpica a la firma ESCOSEG S.A.C., vinculada a Toni Rojas Tantaquilla, así como a la Constructora e Inmobiliaria Consinperu S.A.C., cuyos domicilios fiscales declarados en el centro de Lima no registran actividad comercial comprobable. Para la especialista en contrataciones estatales Johanna Rodríguez, la coincidencia de estos proveedores en una misma jurisdicción geográfica requiere una fiscalización exhaustiva para determinar si existieron direccionamientos o simulación de procesos de selección para otorgar la buena pro.

¿Cuál es el nexo entre el secuestro, la política y la minería en Pataz?

El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla expone la pugna entre bandas criminales por el control de la zona aurífera de Pataz y sus posibles nexos con la política local. La vinculación de este clan con el candidato regional Aldo Carlos Mariños generó cuestionamientos, aunque la exautoridad edil negó haber tenido conocimiento directo sobre las contrataciones otorgadas a los allegados del minero. El empresario secuestrado ya afrontaba antecedentes legales desde el año 2020, cuando la Fiscalía de la Nación lo incluyó en investigaciones por presuntas operaciones con mineral de origen ilícito.

Ante el avance del caso, Eleuterio Lara, padre de la víctima de secuestro, rechazó públicamente que los ingresos económicos de sus hijos provengan de actividades irregulares o financien los contratos estatales. Sin embargo, la presencia de personal de seguridad ejerciendo cargos de representación empresarial en consorcios públicos refuerza las sospechas sobre la utilización de testaferros para canalizar flujos de dinero en el norte del país. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el paradero del minero y sancionar a los responsables del ataque sangriento.