Chats revelarían nexos entre Santiváñez, Tenorio y Nicanor

La mina El Dorado, ubicada en Lucanas, Ayacucho, se ha convertido en el centro de una investigación fiscal que compromete a figuras del más alto nivel político. En un reportaje de Cuarto poder, La Fiscalía vincula al exministro del Interior Juan José Santiváñez y a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, con un presunto esquema de pagos ilegales, uso indebido de personal policial y favorecimientos para asegurar el control de la concesión minera.

Chats, audios, visitas registradas y declaraciones de testigos protegidos revelan una presunta estructura de sobornos y tráfico de influencias que habría operado desde una oficina en San Isidro, utilizada por el abogado Percy Tenorio, señalado como operador de Santiváñez.

¿Cómo se ejecutó el operativo en la mina El Dorado?

Según la fiscalía, el operativo policial en la mina El Dorado se realizó por orden de Juan José Santiváñez cuando era ministro del Interior. A cambio, se habrían gestionado pagos por 160 mil dólares, fraccionados en dos entregas. Los fondos habrían provenido del empresario minero Franco Parodi y su socio Gianfranco Meza.

El primer pago, de 60 mil dólares, sirvió para realizar una inspección con vehículos alquilados y personal de la Policía de Medio Ambiente. Tras esa revisión, se habría solicitado una segunda entrega de 100 mil dólares para ejecutar el desalojo. Parte de estos montos habría sido distribuido entre el general Gregorio Villalón, Marco Palacios y el propio Santiváñez.

¿Qué relación tiene Nicanor Boluarte con el caso?

La fiscalía identificó a Nicanor Boluarte como “el hermanísimo”, quien aparece en videos de seguridad ingresando a la oficina de Percy Tenorio. Los chats revelan preocupación por su identificación por parte del Ministerio Público, y se menciona su posible implicancia en coordinaciones previas al operativo.

Además, la investigación señala que se habrían creado arraigos laborales ficticios para favorecerlo, evitando que enfrente prisión preventiva en otro proceso. Esta supuesta gestión, según la tesis fiscal, habría sido solicitada por la presidenta Dina Boluarte a su entonces ministro de confianza.

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía?

Las evidencias incluyen registros de visitas, capturas de chats entre los implicados, y testimonios protegidos. Uno de ellos detalla cómo se entregaron sobres manila con dinero en efectivo en oficinas del Ministerio del Ambiente y del estudio jurídico Tenorio Abogados. También se menciona la compra de un traje para un fiscal que participó en el desalojo.

Los investigadores creen que la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho —dependiente del gobernador Wilfredo Oscorima— emitió un informe favorable clave para recuperar la concesión minera. Esta entidad fue allanada junto a otros 15 inmuebles, incluyendo la vivienda de Nicanor Boluarte.

El caso de la mina El Dorado se suma a otras 12 investigaciones abiertas contra Juan José Santiváñez. En este nuevo proceso, la Fiscalía no solo documenta el uso político de recursos públicos, sino también una posible red de protección entre funcionarios, empresarios y allegados al entorno presidencial.