Un total de 211 candidatos de APP registran sentencias penales
APP lleva en sus listas a 211 candidatos con sentencias judiciales por delitos de corrupción, violencia familiar, robo agravado y terrorismo
APP lleva en sus listas a 211 candidatos con sentencias judiciales por delitos de corrupción, violencia familiar, robo agravado y terrorismo. Video: Cuarto Poder
Información oficial consignada en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el partido Alianza para el Progreso (APP) presenta una nómina electoral con 211 candidatos que registran sentencias judiciales firmes en sus hojas de vida. La distribución de los postulantes con fallos del Poder Judicial abarca 18 postulaciones a gobiernos regionales, 52 a alcaldías provinciales y 141 a municipios distritales. La mayor parte de las sanciones corresponden a delitos contra la administración pública como corrupción de funcionarios, además de omisión a la asistencia familiar y violencia familiar, sumados a expedientes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, falsificación de billetes y terrorismo.
Dentro de las postulaciones distritales destaca el caso de Fernando Morales Chinchay, candidato a alcalde de Huaylillas, en Pataz (La Libertad). Morales fue procesado y sancionado a 10 años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado tras ser detenido en 2007 por el asalto al restaurante Donatelo en Miraflores junto a Zamir Villaverde. Posteriormente, en 2013, fue intervenido por la policía tras enfrentarse a contingentes con piedras durante un desalojo en el río Chillón. Según su declaración jurada, pasó de trabajar como conductor a registrar ingresos brutos superiores a los 3 millones de soles en 2025 como gerente general y accionista de 5 empresas de los sectores inmobiliario, minero y de transportes.
Historiales por colusión, investigaciones por terrorismo y agresiones en candidatos regionales
El análisis de las listas regionales expone casos de postulantes que han cumplido prisión o mantienen procesos judiciales abiertos. En Arequipa, el exgobernador Elmer Cáceres Llica busca nuevamente el sillón regional por APP mientras su esposa, Jennifer Neira Gonzales, postula a la alcaldía provincial de Caylloma. Cáceres Llica tiene tres sentencias firmes: en 2007 por entorpecimiento de medios de transporte (2 años de pena suspendida), en 2016 por falsa declaración en procedimiento administrativo (1 año y 8 meses) y en 2024 por incumplimiento de deberes funcionales (7 meses). En 2023 recibió una sentencia a 7 años de cárcel por colusión agravada tras irregularidades en la compra de 232 butacas para el coliseo de Chivay, fallo que fue anulado en 2025 por el Poder Judicial para ordenar un nuevo juicio oral tras haber cumplido 4 años de prisión.
En Huancavelica, la candidatura provincial de Tayacaja es tentada por Nelfa Común Gavilán, hermana del 5 veces alcalde Carlos Común Gavilán. Mientras Carlos Común afronta pedidos de 9 meses de prisión preventiva por irregularidades en el programa Cuna Más e investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico, Nelfa Común es investigada por la Fiscalía contra el Terrorismo y Derechos Humanos de Huancayo por presunta colaboración con el terrorismo durante su periodo como alcaldesa distrital.
Reportes de sentencias por delitos graves, manutención y agresiones en diversas zonas del país
El registro oficial ante el organismo electoral detalla además casos con sentencias por diversos delitos en múltiples regiones. Manuel Olano Villalobos, aspirante a la alcaldía de San Juan de Cutervo (Cajamarca), cumplió una sentencia por el delito de terrorismo dictada en 1982. En Amazonas, Neiser Huamán Puerta postula a la alcaldía de La Jalca con una sentencia de 5 años de prisión impuesta en 2013 por promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. En Apurímac, Julián Mitma Sischa, de 44 años, postula como regidor en Ongoy registrando 5 años de cárcel por violación a la libertad sexual.
En Lima, Marcelino Huamán busca la alcaldía en Villa El Salvador contando con una pena de 3 años de prisión suspendida por falsificación de documentos públicos, denuncias por violencia psicológica y un proceso por pensión de alimentos. Arnoldo Dante Mallma Auqui, candidato regional en Junín, registra medidas por pensión de alimentos tras pedir la reducción de la cuota de su hijo de 4 años de 1400 a 500 soles, violencia familiar y una sentencia en 2025 por falsa declaración en procedimiento administrativo con una reparación civil de 3000 soles. Por último, Moisés Gonzales Cruz postula al Gobierno Regional de Cajamarca registrando una condena de 6 meses y 26 días dictada en 2023 por omisión de deberes funcionales, una reparación civil de 30 mil soles fijada en 2024, fallos por alimentos en Lambayeque y Ventanilla, y denuncias por violencia psicológica y agresión a la autoridad en 2017, 2018 y 2019.
