Regidores denunciaron que el alcalde de SJM falsificó resoluciones para beneficiarse

Aseguraron que Adolfo Ocampo mal utilizó las instalaciones de la municipalidad al instalar un restaurante que beneficiaría a familiares de su asesor

San Juan de Miraflores.

Un grupo de regidores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) encabezado por Gregorio Contreras Ureta denunció que el alcalde de este distrito, Adolfo Ocampo Vargas, está involucrado en un caso de suplantación y falsificación de resoluciones municipales para su propio beneficio.


 


Se trata de una operación al parecer calculada que revelaría la existencia de dos resoluciones municipales, exactamente iguales en contenido, pero con diferentes números, las mismas que fueron utilizadas para crear un tercer documento que puntualmente en este caso eximiría al alcalde por el mal uso de las instalaciones municipales.


 


En agosto del 2012 y los regidores de la municipalidad le pidieron al alcalde explicaciones sobre un restaurante que comenzó a funcionar en el quinto piso del Palacio Municipal sin la aprobación del Consejo Consultivo, pero nadie dio razón.


 


Al no tener respuesta, los regidores indagaron y descubrieron que quien estaría a cargo del restaurante, como se lee en una nota escrita a puño y letra, sería José Luyo Dávila, el hijo de Elías Luyo Oroya, actual asesor municipal del alcalde Ocampo, involucrado también en las irregularidades que lo vacaron en el año 2002.


 


Cuarto Poder busco al alcalde Ocampo, quien por medio de su oficina de imagen, los hizo esperar por 2 días para finalmente no darles la entrevista. Según una nueva resolución numerada 802 declaró la nulidad de oficio del contrato de arrendamiento del local municipal.


 


Un cambio, que según pudo identificar el regidor Contreras se hizo el día 11 de Octubre del 2011, el mismo día en que el alcalde Ocampo recibió una notificación del Jurado Nacional de Elecciones por la solicitud de vacancia hecha por el regidor Gregorio Contreras.


 


La nueva resolución 802 que anula el contrato de arrendamiento, intenta demostrar que se reaccionó a tiempo en los días en que los regidores pedían explicaciones sobre el restaurante denominado ‘Rinconcito Municipal’.


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