¿De qué se acusa a Alberto Otárola en el caso Yaziré Pinedo?

La situación legal del exjefe del gabinete Alberto Otárola se complica. A la denuncia constitucional que ya enfrentaba por su presunto rol en la contratación irregular de Yaziré Pinedo, se suma ahora una nueva investigación por peculado de uso. La Fiscalía de la Nación indaga si utilizó un vehículo oficial del Estado con fines personales, en visitas a la joven con quien mantenía una relación y que, a su vez, fue contratada en puestos clave del Ejecutivo.

¿Qué implica ser investigado por peculado de uso?

El peculado de uso es un delito contra la administración pública que sanciona el aprovechamiento de bienes estatales para fines particulares. En este caso, la Fiscalía —a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales— abrió una investigación preliminar por el presunto uso de un automóvil oficial para visitar a Pinedo fuera de funciones institucionales.

Según reveló el diario Correo, la indagación ya incluye testimonios de conductores asignados a la PCM y otros trabajadores de logística, quienes habrían confirmado traslados no registrados como parte de la agenda oficial de Otárola. Incluso se estarían revisando bitácoras, registros de GPS y autorizaciones internas.

Aunque el delito podría parecer menor, representa una infracción grave cuando proviene de una alta autoridad del Ejecutivo y ocurre en el contexto de una posible red de favoritismo. La ley sanciona el peculado de uso con penas de inhabilitación y hasta cárcel efectiva, dependiendo del impacto del perjuicio y el cargo del funcionario implicado.

¿Qué rol jugó Yaziré Pinedo en la gestión de Otárola?

Yaziré Pinedo Vásquez fue contratada durante la gestión de Otárola en dos entidades clave: primero en el Ministerio de Defensa y luego en la Presidencia del Consejo de Ministros. Ambos contratos fueron puestos de confianza, y la joven no tenía trayectoria previa en la función pública.

La relación sentimental entre ambos fue admitida públicamente, y la Fiscalía sostiene que Otárola habría utilizado su influencia directa y a través de funcionarios de confianza para facilitar esas contrataciones. Las personas implicadas habrían pertenecido al entorno cercano del ex primer ministro desde su paso por Devida, lo que, según el Ministerio Público, revela una red de confianza que se prolongó en distintas instituciones del Estado.

Este presunto uso del poder para beneficiar a una persona cercana es el núcleo de la denuncia constitucional por negociación incompatible, presentada en abril de 2025 ante el Congreso de la República. A ella ahora se suma la nueva línea de investigación por peculado.

¿Cuál es el alcance político y jurídico de esta doble acusación?

La denuncia constitucional contra Otárola activa el procedimiento de antejuicio político en el Parlamento. Como ex presidente del Consejo de Ministros, goza de prerrogativas constitucionales y no puede ser procesado penalmente sin autorización del Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar la viabilidad del caso y, si procede, remitirlo al Pleno.

En paralelo, la investigación por peculado de uso se encuentra en etapa preliminar, aunque el Ministerio Público puede acumular ambas investigaciones si determina que comparten un mismo eje fáctico: el uso de bienes públicos para beneficio de una persona con la que el investigado tenía una relación extralaboral directa.

El impacto político también es relevante. Otárola renunció a la PCM tras la revelación del caso Pinedo, pero se mantuvo en silencio mientras avanzaban las investigaciones. Esta nueva pesquisa lo devuelve al foco público y podría complicar aún más su situación legal en el corto plazo.

¿Qué puede ocurrir en los próximos meses?

La clave estará en si el Congreso autoriza el antejuicio político. Si lo hace, Otárola podría ser sometido a proceso penal tanto por negociación incompatible como por peculado de uso. La Fiscalía tendría entonces luz verde para avanzar en la formalización de cargos.

En tanto, si se comprueban los traslados no oficiales y el uso indebido de vehículos del Estado, el Ministerio Público podría incluso ampliar la investigación hacia otros posibles beneficiarios de prácticas similares en el entorno del exjefe de gabinete.

Por ahora, Otárola sigue fuera del Gobierno, pero cada avance fiscal fortalece la percepción de que el caso Pinedo no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de privilegios y uso indebido de recursos públicos.