¿Qué implica la ley que paga franco a policías por patrullar?

Con el objetivo de reforzar la presencia policial en las calles ante el incremento del crimen organizado y la inseguridad ciudadana, el Congreso publicó la Ley N.° 32386, que permite pagar a los policías que decidan voluntariamente patrullar durante sus días de franco o vacaciones. Esta medida forma parte del Plan Celador, impulsado por el Ministerio del Interior.

La norma busca atender de forma inmediata la crisis de seguridad, especialmente en zonas bajo estado de emergencia como Lima y Callao, con la incorporación de hasta 5 mil agentes adicionales.

¿Qué medidas extraordinarias se autorizaron con esta norma?

Además del pago de francos a policías, la ley autoriza contrataciones directas de bienes y servicios por parte del Mininter y gobiernos regionales y locales, específicamente durante el estado de emergencia. Esto permitirá la ejecución de acciones urgentes para combatir el crimen sin los trámites habituales de licitación.

También se autoriza la transferencia financiera desde gobiernos regionales y locales hacia el Mininter, siempre que se suscriban convenios interinstitucionales. Estas transferencias financiarán proyectos vinculados al Programa Presupuestal 0030: “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.

¿Hasta cuándo tendrá vigencia el Plan Celador y qué control habrá?

El Plan Celador, específicamente el artículo 4 de la ley, estará vigente hasta el final del año fiscal 2025. En tanto, el resto de medidas de la ley se aplicarán durante 180 días calendario desde su entrada en vigor.

Para evitar actos de corrupción en las compras y contrataciones, la Contraloría General de la República podrá realizar controles recurrentes y auditorías sobre todos los procesos vinculados a esta norma.

¿Qué implicará para el Ministerio del Interior y la PNP?

La ley también obliga a la Secretaría General del Mininter, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la PNP, a presentar en un plazo de 90 días hábiles una propuesta de reestructuración institucional. Este rediseño se sustentará en una evaluación del estado actual del sector y buscará mejorar la eficiencia operativa en la lucha contra la delincuencia.