¿Qué dijo el ministro Valencia sobre la gestión de Machu Picchu?

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, descartó que el Gobierno Regional del Cusco pueda asumir la administración y control de Machu Picchu, al ser una competencia del Gobierno Nacional.

El pronunciamiento se dio durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 7 de octubre, luego de conocerse que el gobernador Werner Salcedo presentó una demanda constitucional de cumplimiento ante el Poder Judicial.

¿Por qué Valencia descartó que Cusco administre Machu Picchu?

El titular del Ministerio de Cultura señaló que el manejo del Santuario Histórico de Machu Picchu no puede ser transferido a un gobierno subnacional.

“Hace unos días hemos tomado conocimiento de que el gobernador de Cusco ha interpuesto una acción de cumplimiento a fin de que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco pase bajo la competencia del gobierno regional [...] La pregunta es: ¿es posible que la gestión de Machu Picchu pase a la competencia de un gobierno subnacional? Respuesta: no”, afirmó.

Valencia explicó que esta restricción obedece a las obligaciones internacionales del Perú ante la Convención del Patrimonio Mundial, firmada en 1982.

¿Qué fundamentos legales citó el ministro de Cultura?

Durante su exposición, Fabricio Valencia Gibaja sostuvo que la gestión del santuario está amparada en la normativa nacional y en los acuerdos suscritos con la UNESCO.

“Machu Picchu tiene la condición de integrante del patrimonio cultural de la humanidad [...] Existen competencias que únicamente son atribuibles al Gobierno Nacional [...] La gestión de un bien integrante del patrimonio de la humanidad, en aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional”, declaró.

El ministro reiteró que la Convención asigna al Estado central la responsabilidad de conservar y proteger los bienes que integran la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad.

¿Qué busca la acción judicial del Gobierno Regional del Cusco?

El Gobierno Regional del Cusco, encabezado por Werner Salcedo Álvarez, presentó a inicios de octubre una demanda de cumplimiento ante el Tercer Juzgado Civil de Cusco. El documento pretende que el Ejecutivo transfiera “de manera íntegra” la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) y la administración de Machu Picchu.

La acción legal invoca la Ley N.º 29565, norma que creó el Ministerio de Cultura en 2010, y que establecía la transferencia de las direcciones regionales de cultura a los gobiernos subnacionales.

La demanda fue presentada con el patrocinio del abogado constitucionalista Luciano López Flores, quien sostiene que el mandato legal se encuentra pendiente de cumplimiento desde hace más de 15 años.

¿Cuál fue la posición de la defensa del Gobierno Regional?

El gobernador Werner Salcedo presentó la demanda “en su doble condición de autoridad y ciudadano cusqueño”. Según el abogado Luciano López, el incumplimiento “somete a los gobiernos regionales al deficiente manejo del patrimonio cultural por parte del gobierno central”.

El letrado añadió que la falta de transferencia “pone en riesgo derechos de trascendencia constitucional como la gestión cultural y ambiental de la región”. En su comunicado, expresó:
“Es hora de que el Estado honre su palabra y cumpla con la ley y que los jueces asuman el rol histórico de ser guardianes de la Constitución, la legalidad y la descentralización del poder a favor de las regiones”.

¿Qué respondió el Ministerio de Cultura ante la demanda?

Durante la misma conferencia, Fabricio Valencia reafirmó que la administración del patrimonio mundial es una competencia indelegable del Estado peruano.

“Existen competencias que únicamente son atribuidas al Gobierno Nacional, entre las cuales se encuentra la gestión, la protección y la conservación del patrimonio mundial [...] No lo digo yo, lo dice la Convención del Patrimonio Mundial”, precisó.

El ministro subrayó que el Mincul continuará ejerciendo sus funciones sobre la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y defendiendo ante el Poder Judicial la posición institucional del Ejecutivo.

¿Qué relación hay entre este caso y la moción de censura en el Congreso?

El tema coincide con el debate parlamentario sobre una moción de censura presentada contra Fabricio Valencia, programada para el jueves 9 de octubre. La iniciativa cuestiona su desempeño al frente del sector Cultura por “falta de liderazgo y desorden en la administración de Machu Picchu”.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su apoyo a la censura mediante un pronunciamiento público, alegando que las decisiones del Mincul afectan directamente a la economía del Cusco.

¿Qué acciones anunció el Ejecutivo tras las declaraciones?

El Ministerio de Cultura informó que seguirá defendiendo las competencias nacionales sobre Machu Picchu. Valencia reafirmó que la administración del sitio arqueológico y la conservación del patrimonio cultural de la humanidad continuarán bajo el control del Estado central.

El ministro precisó que el Ejecutivo respeta la descentralización, pero recalcó que “la gestión del patrimonio mundial no puede ser transferida a gobiernos subnacionales”.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, afirmó que la administración de Machu Picchu es competencia exclusiva del Gobierno Nacional y no puede ser transferida al Gobierno Regional del Cusco. Explicó que la Convención del Patrimonio Mundial, suscrita por el Perú en 1982, establece que la gestión y conservación del santuario corresponde al Estado central. La declaración se dio tras la demanda de cumplimiento presentada por el gobernador Werner Salcedo, que exige al Ejecutivo cumplir la Ley N.º 29565.