Corte de Apurímac: Poder Judicial asegura continuidad de atención

La Presidencia del Poder Judicial emitió un pronunciamiento público tras difundirse graves hechos imputados contra el presidente de la Corte Superior de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, y otros funcionarios públicos de dicha sede judicial. Ante este escenario, la máxima instancia judicial del país comunicó formalmente su rechazo rotundo y categórico a cualquier tipo de manifestación de corrupción o inconducta funcional, enfatizando que la honestidad y la probidad son exigencias obligatorias que no se pueden eludir al ejercer cargos dentro de la magistratura.

El comunicado emitido desde la ciudad de Lima detalla que los altos cargos, como el que ejerce el investigado a la cabeza de una Corte Superior, conllevan una alta responsabilidad directa frente a todos los ciudadanos. Por tal motivo, el sector judicial enfatizó la necesidad de deslindar de forma inmediata de cualquier acción que vulnere los principios éticos que rigen a los profesionales encargados de administrar justicia a nivel nacional.

¿Qué aclaración realizó la institución sobre los alcances de la independencia judicial?

El pronunciamiento de la Presidencia del Poder Judicial abordó de manera directa el concepto de independencia judicial, el cual es catalogado como un principio fundamental para sostener el Estado de derecho en el territorio peruano. La institución aclaró formalmente que este principio no puede ser interpretado, bajo ninguna circunstancia, como una herramienta o mecanismo de protección para encubrir presuntas conductas ilícitas cometidas por jueces o personal administrativo.

La entidad remarcó que ningún juez o jueza se encuentra por encima del marco de la ley peruana. Debido a esto, todo magistrado tiene la obligación jurídica y constitucional de responder de manera individual por cada uno de sus actos ante las autoridades competentes. El documento oficial califica la integridad de los trabajadores judiciales como un imperativo ético no negociable y que la institución no pasará por alto.

¿Cómo se garantizará que no se detenga el servicio de justicia para los ciudadanos?

Para mitigar el impacto de esta situación y evitar perjuicios a los usuarios, el Poder Judicial anunció que ya se encuentra coordinando una serie de acciones logísticas y administrativas de emergencia. El objetivo principal de estas disposiciones es salvaguardar el normal funcionamiento de los diferentes órganos jurisdiccionales situados en el Distrito Judicial de Apurímac, asegurando que los procesos en curso no sufran paralizaciones ni retrasos.

Con estas medidas de contingencia, las autoridades judiciales buscan proveer una atención oportuna y continua a la población apurimeña que acude diariamente a las sedes judiciales. El pronunciamiento institucional, fechado el 2 de julio de 2026, finaliza reiterando el compromiso formal de la entidad con la transparencia, la integridad interna y la lucha frontal contra las prácticas corruptas en resguardo de la confianza pública.