Perú Libre impulsa ley y surge polémica por Vladimir Cerrón

El Congreso de la República instaló sus comisiones para iniciar la nueva legislatura. En ese contexto, Perú Libre presentó un proyecto de ley que ha generado debate por el posible beneficio a su líder, Vladimir Cerrón, en investigaciones judiciales en curso.

La propuesta plantea una interpretación auténtica de la Ley N.° 32326, que modificó la Ley de Extinción de Dominio. Mientras la bancada sostiene que solo ratifica un fallo del Tribunal Constitucional, críticos advierten que podría impactar procesos vigentes.

¿En qué consiste el proyecto presentado por Perú Libre?

El documento busca precisar el alcance de una disposición complementaria final de la Ley N.° 32326. Según su texto, la iniciativa aclara lo que el Tribunal Constitucional ya estableció sobre la extinción de dominio.

Esto implicaría que jueces y fiscales cuenten con criterios más definidos para confiscar bienes vinculados a delitos, aunque para algunos sectores podría influir en procesos ya abiertos.

¿Por qué se asocia a Vladimir Cerrón con esta iniciativa?

Diversos sectores han señalado que, de aprobarse la norma, medidas de incautación o embargo contra Vladimir Cerrón podrían quedar sin efecto. Enfatizan que esto afectaría investigaciones en las que está involucrado el exgobernador regional de Junín.

Los cuestionamientos se centran en la posibilidad de que la ley impida la aplicación de la extinción de dominio a su caso, otorgándole un beneficio en investigaciones aún pendientes.

¿Qué responde Perú Libre a las críticas?

El congresista Flavio Cruz aseguró que la iniciativa no busca favorecer a Cerrón. Explicó que este no posee bienes registrados y que las cuentas bancarias embargadas fueron producto de procesos anteriores.

Además, indicó que varios juicios concluyeron con declaraciones de inocencia y que actualmente el dirigente no tiene un empleo activo.

¿Puede aplicarse la propuesta a casos anteriores?

Un punto clave en la discusión es si la interpretación auténtica tendría efectos retroactivos. Esto implicaría su aplicación en procesos que ya están en marcha, algo que en materia penal tiene límites legales.

Especialistas advierten que, de aplicarse así, podrían revertirse medidas ya dictadas, afectando investigaciones por delitos graves. El proyecto seguirá en evaluación en comisiones antes de llegar al pleno del Congreso.