Hoy:

    Defensoría respalda fallo del TC que anula ley de extinción

    El fallo del TC anuló la ley de extinción de dominio y fue saludado por la Defensoría, aunque no sin polémica.

    Defensoría apoya decisión del TC sobre extinción de dominio. Foto y video: Canal N/Andina

    La Defensoría del Pueblo saludó la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional la ley de extinción de dominio. Asegura que el fallo se basa en un análisis jurídico objetivo y fortalece el Estado de derecho. La entidad fue la promotora de la demanda ante el TC.

    Para la Defensoría, esta norma permitía confiscar bienes sin que existiera una condena penal firme, lo que afectaba principios fundamentales del debido proceso.

    ¿Por qué hay polémica con este pronunciamiento?

    El defensor del Pueblo, José Gutiérrez, enfrenta cuestionamientos porque su hermana, Sara Gutiérrez, se acogió a esta ley pocos días después de su entrada en vigencia. Su defensa legal solicitó aplicar la extinción de dominio en su caso el pasado 12 de mayo.

    Esto ha generado dudas sobre un posible conflicto de interés, ya que el fallo del TC ahora podría beneficiar indirectamente a su familiar. Aunque la Defensoría actuó como institución, el vínculo familiar ha despertado críticas desde el ámbito político y ciudadano.

    ¿Qué significa este fallo para los ciudadanos?

    Con la anulación de esta ley, el Estado ya no podrá quitar propiedades sin una sentencia penal previa. Si bien muchos veían esta herramienta como clave para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, el TC ha establecido que debe respetarse el principio de presunción de inocencia.

    Esto no significa que el Estado no pueda recuperar bienes de origen ilícito, pero debe hacerlo dentro de un marco legal que garantice el debido proceso.

    ¿Habrá una nueva ley para reemplazarla?

    Es probable. Desde el Congreso ya se discute la posibilidad de plantear una nueva versión de la norma, pero que se ajuste a los estándares constitucionales que ha marcado el TC. Mientras tanto, el debate sobre cómo combatir el crimen sin vulnerar derechos seguirá abierto.