Odebrecht: dictan 18 meses de prisión preventiva para representantes de consorciadas
El juez Concepción Carhuancho impuso la medida en contra de los exgerentes de Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA
Luego de una extensa audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido hecho por la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva para los representantes de las empresas peruanas que estuvieron consorciadas con la brasileña Odebrecht en la Carretera Interoceánica. Se trata de Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada. Son investigados por los colusión y lavado de activos.
Sin embargo, el magistrado hizo una excepción en el caso de Gonzalo Ferraro Rey. Concepción Carhuancho le dictó arresto domiciliario en la clínica donde se encuentra internado. Como se recuerda, sus abogados resaltaron que padece cáncer.
“Este estado de salud, este despacho lo va a asumir en principio como cierto con probabilidad y este motivo de salud de enfermedad grave con cáncer, va a justifica que por el presente caso no una prisión sino una medida menos gravosa, un arresto domiciliario en el hospital bajo reglas de conducta y un plazo (18 meses)”, dijo el juez.
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El pasado miércoles 29 de noviembre, el Equipo Especial del Ministerio Público, liderado por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, informó que incluyó a los directivos de tres empresas socias de Odebrecht (Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA) en la investigación por el presunto pago de coimas de la constructora brasileña para el otorgamiento de la licitación de la Interoceánica Sur.
De acuerdo a la Fiscalía, GyM, JJ Camet e ICCGSA "aceptaron el acuerdo para la asignación irregular de la Interoceánica y tuvieron competencia por el pago de las coimas Estas tres compañías integraron el consorcio, junto a Odebrecht, que ganó la licitación de la construcción de la Carretera Interoceánica por la cual se pagó una presunta coima al expresidente Alejandro Toledo”.
Según la hipótesis fiscal, las tres empresas peruanas consorciadas con Odebrecht sabían de la coima, acordaron ceder parte de sus utilidades futuras para compensar el pago de los 20 millones de dólares a Alejandro Toledo, asumidos por Odebrecht.
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En total, por los tramos II y III se repartieron 272 millones 742 mil 051.15 soles en utilidades. La fiscalía ha revisado las actas de las juntas generales de accionistas de los diferentes consorcios formados por estas empresas, todas tienen como fecha primero de Junio del 2011.
