Obligan a chofer a leer amenaza extorsiva en carretera de Otuzco

La violencia y la extorsión en las rutas del norte del país han alcanzado niveles de extrema crueldad. En la provincia de Otuzco, región La Libertad, un conductor de volquete fue víctima de un violento secuestro al paso por parte de integrantes de la organización criminal autodenominada "Los Lechuzas".

Los delincuentes no solo detuvieron la marcha del vehículo de carga pesada, sino que obligaron al trabajador, bajo amenazas de muerte y apuntándole directamente con armas de fuego, a leer un manuscrito extorsivo con el fin de utilizarlo como un canal de coacción hacia todo el gremio de transportistas de la zona.

El ataque se registró en plena carretera de penetración a Otuzco. El chofer fue obligado a descender de la cabina del camión y colocado en una posición de total indefensión sobre el pavimento.

Mientras permanecía tendido en el piso suplicando por su integridad física, uno de los delincuentes encendió la cámara de un teléfono celular para registrar la escena en video, obligándolo a vocalizar las advertencias plasmadas en una gigantografía que la banda criminal pretendía instalar a un costado de la red vial principal.

Difusión de videos y el cobro de cupos a la carga pesada

El objetivo central de la banda con esta violenta puesta en escena era amedrentar a las empresas constructoras y operadores de volquetes que transitan diariamente por este tramo liberteño.

En el material audiovisual, difundido rápidamente por los propios criminales a través de cadenas de WhatsApp, se advierte de forma explícita que todos los propietarios de vehículos de transporte de agregados y minería informal deben "alinearse" mediante el pago de cupos extorsivos periódicos.

Los hampones enfatizaron que, de ignorar el llamado, iniciarán atentados selectivos con armas de fuego contra la vida de los conductores en plena ruta.

En el metraje también se observa cómo los delincuentes exhiben armas de corto y largo alcance, además de enfocar un número de contacto telefónico rotulado en el cartel para que las víctimas inicien las negociaciones económicas.

Horas después de la difusión del video en las redes sociales, un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazó hasta el kilómetro referencial de la carretera para retirar la estructura publicitaria ilícita y recoger evidencias que ayuden a la identificación dactilar de los involucrados.

Un patrón delictivo que se repite desde inicios de año

Las unidades de investigación criminal de la PNP informaron que la primera aparición pública de la banda "Los Lechuzas" se remonta a enero de 2026.

Los archivos policiales confirman que esta red viene repitiendo de manera exacta el mismo patrón delictivo; en aquella oportunidad, otro chofer de carga pesada fue interceptado en la misma ruta y obligado a arrodillarse para leer un cartel de amenazas frente a una cámara mientras exclamaba con desesperación: "No me maten, por favor".

En ese primer atentado de principios de año, los remanentes de la organización criminal no se limitaron a la filmación, sino que colocaron una pancarta extorsiva en la ventana del copiloto del camión y procedieron a efectuar múltiples disparos contra la carrocería del volquete para demostrar su poder de fuego.

Aunque ambas carpetas fiscales continúan bajo un proceso de investigación reservada en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo, los transportistas de la provincia de Otuzco manifestaron que se ven obligados a circular bajo un ambiente de zozobra constante ante la falta de resguardo policial permanente en las carreteras altoandinas.

¿Cuáles son las penas por el delito de extorsión agravada mediante el uso de redes sociales en el Perú?

El Código Penal peruano sanciona de forma severa el delito de extorsión, especialmente cuando se emplean agravantes que vulneran la tranquilidad pública o se atenta contra trabajadores de sectores estratégicos como el transporte de carga.

De acuerdo con el artículo 200, la pena básica de extorsión oscila entre los 10 y 15 años de prisión. Sin embargo, cuando el acto delictivo es cometido por dos o más personas, se emplean armas de fuego, se toma de rehén temporal a la víctima o se utilizan plataformas digitales y redes sociales para difundir videos de tortura psicológica o amenazas —con el fin de coaccionar a un gremio entero—, la figura jurídica se eleva a extorsión agravada.

En estos escenarios, los magistrados del Poder Judicial están facultados para imponer penas privativas de la libertad que van desde los 15 hasta los 25 años de cárcel, pudiendo alcanzar la cadena perpetua si el ataque desencadena la muerte o lesiones graves de los afectados.