Minjus anulará contratos por S/16 millones con la empresa GZ Perú

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó en Cuarto Poder que el Ejecutivo declaró la nulidad de los tres contratos de vigilancia por 16 millones de soles que se mantenían con la empresa GZ Perú S.A. La medida se adoptó luego de que la Oficina de Abastecimiento elevara un informe a la alta dirección el viernes 28, advirtiendo que la contratista había presentado comprobantes de pago falsos, irregularidad ratificada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aclaró que el trámite legal para dejar sin efecto las relaciones contractuales con GZ Perú S.A. tomará un periodo aproximado de dos semanas. No obstante, recalcó que la decisión de rescindir las firmas suscritas por la gestión previa es definitiva debido a la gravedad de los hallazgos en materia tributaria y administrativa.

¿Cómo se cubrirá la custodia de las sedes durante la emergencia?

Ante la necesidad de no interrumpir la seguridad en los locales de la institución, la gestión actual ordenó un procedimiento de excepción para cubrir el servicio sin desembolsar fondos a la empresa cuestionada. El ministro Ernesto Álvarez explicó que se dispondrá la emisión de órdenes de servicio de emergencia por montos mínimos para contratar al personal de vigilancia de forma directa y uno por uno.

Este esquema temporal mantendrá al personal operativo en sus puestos de resguardo mientras la entidad pública realiza una adjudicación directa por emergencia. A través de este nuevo concurso, el Minjusdh proyecta adjudicar el servicio a una compañía de seguridad formalmente reconocida y que cumpla con todos los requisitos de ley, concluyendo así el periodo de contratación individual de emergencia.

¿Quiénes serán investigados por la firma de estos acuerdos millonarios?

El ministro Ernesto Álvarez detalló que los tres contratos por 16 millones de soles fueron suscritos al cierre de la gestión del exministro Luis Jiménez, en el gobierno de José María Balcázar. Frente a ello, la actual administración dispuso remover a las cabezas de la Oficina de Administración y ordenar una investigación interna a los funcionarios involucrados en el trámite.

El titular del sector indicó que la Contraloría General de la República tomará acciones para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Respecto al ámbito de la investigación criminal, señaló que el Ministerio Público actuará según sus competencias para sancionar las iregularidades detectadas en las contrataciones de la institución.