Financistas de congresistas ahora trabajan en el Legislativo

Una reciente investigación reveló que al menos 15 financistas de campañas congresales del 2021 han sido contratados para trabajar en el Parlamento. El caso alcanza a diez congresistas de diversas bancadas, quienes habrían favorecido a sus aportantes electorales con puestos clave en la administración congresal. Aunque esta práctica no es ilegal, el Código de Ética Parlamentario la tipifica como una posible infracción bajo la figura de “ventaja indebida”.

Soto: “Trabajo con personas idóneas”

Uno de los legisladores implicados es Wilson Soto, de Acción Popular. Consultado al respecto, defendió la idoneidad de sus colaboradores:

“Yo trabajo con las personas que conocen la labor parlamentaria. Desde mi asesor principal. Siempre hay que contar con personas idóneas en el despacho”, señaló.
Aunque luego afirmó discrepar de quienes califican la práctica como indebida, insistió en que “el parlamentario tiene que contar con personal capacitado”.

Críticas desde la Comisión de Ética

Desde la presidencia de la Comisión de Ética, el congresista Alex Paredes fue más enfático al rechazar estas contrataciones:

“El hecho que puedas hacerlo no quiere decir que esté bien. ¿Es un buen gesto? No. ¿Habría que entender que es un toma y daca? Parece que sí”.

Otros implicados: del fujimorismo al centro político

Además de Soto, los otros nueve congresistas mencionados en el informe del diario El Comercio son:

• Arturo Alegría, César Revilla y Nilza Chacón (Fuerza Popular)

• Milagros Jáuregui (Renovación Popular)

• Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso)

• Ilich López (Acción Popular)

• Jorge Morante y José Jerí (Somos Perú)

Intentos por recoger sus versiones fueron infructuosos, con excepción de Alegría y Morante.

“Laboraron conmigo”, afirma Alegría

El vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, reconoció la relación con sus financistas contratados:

“Fueron personas que laboraron conmigo en campaña. Luego ingresaron a mi despacho y de ahí pasaron a otras oficinas”.

Respecto a Aldo Celiz, uno de los beneficiarios, indicó que solo emitió una recomendación:

“Siempre preguntan por una persona. En el caso de Aldo, me llamaron y dije que hizo un buen trabajo. En los otros casos, no”.

Morante responsabiliza a su expartido

Jorge Morante, quien ingresó con Fuerza Popular y hoy milita en Somos Perú, se desmarcó de las contrataciones:

“Al señor Cabanillas lo retiré de mi despacho. A la señorita Cavero, entiendo que la gente de Fuerza Popular le ofreció un mejor cargo”.

Planilla congresal: ¿un botín político?

La situación ha reavivado cuestionamientos sobre el uso político de la planilla del Parlamento. Según la denuncia periodística, las contrataciones de financistas no solo se realizaron en los despachos de los congresistas, sino que varios fueron promovidos a oficinas administrativas estratégicas.

El congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia, reconoció problemas estructurales en el manejo de personal en el Congreso:

“Todas las contrataciones que se han hecho han sido manejadas por los partidos que controlan la Mesa Directiva. Estamos arrastrando esta situación desde hace tiempo”.

Ventaja indebida: ¿una falta ética sin castigo?

Aunque estas contrataciones no infringen la ley, sí podrían configurarse como falta ética. El Código de Ética del Congreso contempla como infracción la utilización del cargo para beneficiar de manera indebida a personas con quienes se tiene un vínculo económico o político.

Pese a ello, hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación formal por este tema en la Comisión de Ética. Organismos de la sociedad civil han pedido mayor transparencia en la selección de personal y mecanismos de prevención de conflictos de interés.

Transparencia bajo escrutinio

El caso pone en tela de juicio la transparencia en el Congreso, especialmente en el uso de recursos humanos. Para muchos analistas, la contratación de financistas como asesores o funcionarios internos refleja una cultura política de recompensas que debilita la institucionalidad.

Mientras tanto, el Congreso sigue sin emitir un pronunciamiento institucional sobre la denuncia. El silencio predomina, mientras crecen las voces que exigen sanciones y una reforma urgente en la administración parlamentaria.