Excongresista Alejandro Soto deberá pagar más de S/ 300 mil
El exlegislador evitó ocho años de cárcel por la prescripción de la ley que aprobó en el Congreso reveló Infobae.
Foto: Congreso - Video: Canal N
El Poder Judicial ordenó que el excongresista Alejandro Soto pague una reparación civil superior a los 300000 soles por un proceso de estafa en Cusco.
El fallo judicial fue revelado por el portal Infobae tras la revisión de la sentencia emitida en segunda instancia.
La Primera Sala Penal de Apelaciones determinó que el exparlamentario debe asumir el resarcimiento a la empresa Transportes Waynapicchu.
El pronunciamiento judicial confirmó la deuda económica tras archivar la acusación fiscal que pedía más de ocho años de cárcel.
El tribunal judicial ordenó a Soto indemnizar a empresa agraviada
La resolución judicial ordenó que Soto cancele 20000 soles por no haber entregado los estatutos modificados que cobró en el año 2012.
El documento acreditó que la compañía afectada efectuó el desembolso del dinero sin recibir el servicio contratado.
El fallo impuso además el pago solidario de 287271 soles por la compraventa de un terreno que presentaba una sobrevaloración superior al 5000 %.
La indemnización económica por este hecho deberá ser abonada de manera compartida con el exgerente Mario Justo Sequeiros Fajardo.
La prescripción penal favoreció a Soto tras la entrada en vigor de la norma
El expresidente del Legislativo evitó una sanción con pena de cárcel tras acogerse a la Ley 31751, conocida como Ley Soto, aprobada durante su permanencia en el Congreso.
La legislación acortó el plazo legal de prescripción para los delitos de estafa de 18 a 10 años.
Las juezas superiores Rocío Cáceres Pérez y María Quispe Apaza respaldaron la sentencia civil contra el procesado, mientras que el juez Yuri Pereira emitió un voto discrepante.
La Sala concluyó que la prescripción penal no anula el deber legal de reparar los perjuicios causados a la empresa privada.
El caso pasará a revisión definitiva en la Sala Penal Permanente
Los abogados defensores presentaron un recurso de casación ante el tribunal de apelaciones para revocar la obligación de pago fijada en Cusco.
El colegiado admitió la solicitud técnica para su remisión a los despachos de la Corte Suprema en Lima.
La Sala Penal Permanente del máximo tribunal revisará los alcances del dictamen judicial en los próximos meses.
Las autoridades judiciales determinarán de forma definitiva si el exparlamentario debe cumplir con el pago del monto indemnizatorio.
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