Estado de emergencia prorrogado en Lima y Callao por 60 días
El decreto firmado por el presidente José María Balcázar dispone que los eventos masivos requerirán permisos especiales de seguridad para poder llevarse a cabo.
Foto: El Peruano - Video: Canal N
Esta medida de excepción gubernamental entrará en rigor desde este 28 de junio de 2026, buscando otorgar un marco legal sólido a las fuerzas del orden para combatir el alarmante incremento de delitos mayores como el sicariato y el cobro de cupos.
El documento oficial promulgado lleva las rúbricas del presidente de la República, José Balcázar, junto a la firma del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Enrique Arroyo Sánchez.
Asimismo, el decreto supremo cuenta con el refrendo de los titulares de las carteras de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones, evidenciando un consenso multisectorial para frenar la inseguridad y la delincuencia en las calles.
El rol de las fuerzas del orden y la evaluación de la criminalidad
Bajo este escenario jurídico, la Policía Nacional del Perú será la institución encargada de mantener el orden y la paz social, ejecutando intervenciones y redadas preventivas con el apoyo táctico de las unidades militares de las Fuerzas Armadas.
La selección de los distritos y barrios a intervenir no será aleatoria, sino que responderá a un plan estratégico focalizado que tomará como base los reportes de inteligencia policial y los mapas de calor delictivo que identifican los refugios de las mafias urbanas.
El estado de emergencia trae consigo la suspensión temporal de garantías constitucionales vitales para la población civil.
¿Cuáles son los detalles que involucran el estado de emergencia?
Durante los próximos dos meses, quedarán restringidos los derechos vinculados a la libertad de libre tránsito, el derecho a la reunión, la inviolabilidad del domicilio y las garantías de libertad y seguridad personales, otorgando a las autoridades la potestad de realizar detenciones e ingresos a inmuebles sospechosos con mayor celeridad legal.
Para garantizar que estas prerrogativas excepcionales se traduzcan en resultados tangibles, el Gobierno ha establecido un mecanismo estricto de rendición de cuentas.
Una vez que venza el plazo de la declaratoria, el Comando de Coordinación Operativa Unificada tendrá un máximo de cinco días hábiles para emitir un informe técnico al Ministerio del Interior.
Este balance detallado será posteriormente elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, incluyendo las recomendaciones pertinentes para evaluar si las estrategias aplicadas lograron diezmar verdaderamente la capacidad operativa del hampa.
