Empresa que no llevó material electoral tiene tres sanciones

Servicios Generales Gálaga SAC es la empresa señalada como responsable del caos vivido durante la jornada electoral, según la ONPE. La distribución de cédulas, ánforas, padrones y demás material clave para garantizar el voto se vio seriamente afectada.

La situación generó indignación entre los ciudadanos, quienes denunciaron que no pudieron ejercer su derecho al voto a tiempo. En varios locales, incluso, se reportó el cierre de colegios ante la falta de material electoral.

Antecedentes que ya encendían alertas

No es la primera vez que Servicios Generales Gálaga aparece en reportes de incumplimiento vinculados a procesos con el Estado. En su historial con la ONPE figuran al menos tres sanciones previas.

En el año 2020, la empresa fue penalizada con más de 55 mil soles por incumplimientos en un contrato cercano a los 3 millones de soles para el despliegue de material de sufragio y equipos informáticos.

En enero de 2023, la compañía volvió a ser sancionada con una penalidad de 1,330 soles en el marco de una orden de servicio por traslado de paquetería.

Ese mismo año, en septiembre, recibió otra observación en medio de cuestionamientos por su desempeño, consolidando un patrón de incumplimientos que ya había sido advertido.

Contrato millonario pese a historial

A pesar de estos antecedentes, la empresa volvió a ser contratada por la ONPE. En marzo de este año, obtuvo un contrato por más de 6 millones de soles.

La misión era clara: asegurar el transporte del material electoral a los distintos centros de votación. Sin embargo, el resultado fue un proceso marcado por retrasos y desorganización.

Crecimiento empresarial bajo cuestionamiento

Servicios Generales Gálaga fue fundada en 2009 por Augusta Pfuyo Huamanguilla de Alvarado y Verónica Alvarado Pfuyo, con un capital inicial de 100 mil soles.

En mayo de 2025, ya bajo la gerencia de Juan CharlesAlvarado Pfluyo , la empresa elevó su capital social a 5 millones de soles, en medio de un crecimiento que hoy genera cuestionamientos.

Según información disponible, hasta febrero de este año la empresa contaba con apenas 13 trabajadores registrados ante la Sunat.

Sin embargo, días antes de la jornada electoral, la propia compañía buscaba contratar 400 furgonetas para realizar operaciones de distribución en Lima, lo que ha puesto en duda su capacidad logística real.

Investigaciones en curso

Además, la empresa enfrentó un proceso disciplinario por presuntamente presentar documentación inexacta en contrataciones con el Estado. El caso, sin embargo, prescribió en el Tribunal de Contrataciones.

Tras el caos electoral, la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía intervinieron tanto las oficinas de la ONPE como locales vinculados a la empresa.

Las investigaciones en curso deberán determinar si hubo negligencia, falta de previsión o irregularidades en la contratación que derivaron en uno de los episodios más críticos del proceso electoral reciente.