Diputados debatirá denuncia contra Pedro Castillo y Walter Ayala
A Pedro Castillo y a Walter Ayala se les atribuye el presunto cobro de sobornos para promover ascensos irregulares en las FF. AA. y PNP
El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el informe final de la Denuncia Constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala por presuntas irregularidades en ascensos de las FF.AA. y PNP. Video: Canal N
El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el informe final de la Denuncia Constitucional 00012 contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala. La denuncia aborda las imputaciones por el presunto cobro de dinero para gestionar ascensos en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Aunque la sesión se fijó inicialmente para el 29 de octubre, el debate se suspendió a pedido de la defensa técnica de los procesados a fin de otorgarles tiempo para sus descargos.
El recurso de denuncia constitucional fue formulado por la exfiscal de la nación Patricia Benavides, imputando formalmente a Pedro Castillo y Walter Ayala la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, tráfico de influencias agravado y organización criminal.
¿Qué plazos motivaron la tramitación del informe final?
El 7 de octubre, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por el diputado Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), aprobó por unanimidad enviar el documento al Pleno. La celeridad responde al vencimiento de la prerrogativa funcional del exministro Walter Ayala, fijado para el 15 de noviembre de 2026. La asesoría legal del grupo precisó que el plazo de cinco años posterior al cese de su cargo concluirá en un margen de 39 días.
¿Por qué se sugiere archivar el extremo de organización criminal?
Respecto a los presuntos delitos, el informe recomienda acusar ante el Ministerio Público a Pedro Castillo por abuso de autoridad, cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal. En el caso de Walter Ayala, plantea formular acusación por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, atribuyéndole el presunto rol de intermediario en la gestión de ascensos.
El informe de la Comisión de Acusaciones Constitucionales plantea el levantamiento de fuero para que la Fiscalía de la Nación continúe con las investigaciones correspondientes. Sin embargo, el dictamen recomienda archivar el extremo que imputaba el presunto delito de organización criminal.
El análisis del grupo parlamentario determinó que los elementos presentados no acreditaron la conformación de una estructura criminal distinta al aparato público. Asimismo, se concluyó que los hechos investigados no cumplen con el estándar de gravedad exigido por la Ley 32138, aplicándose el principio de favorabilidad al imputado.
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