Desarticulan a banda acusada de extorsionar a transporte público

La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, desarticuló a la organización criminal dedicada al cobro de cupos conocida como 'Los Injertos del Tren', la cual ejecutaba maniobras de extorsión a empresas de transporte público en Lima. Según la información difundida por Domingo al Día, el cabecilla de la banda simulaba ser un mediador o garante de seguridad para exigir pagos periódicos, mientras generaba en secreto las amenazas violentas bajo el nombre de hasta cinco supuestas bandas rivales para forzar a las víctimas a ceder a las exigencias económicas.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la red criminal logró apoderarse de cerca de 300 000 soles únicamente de la empresa de transporte público Santa Catalina, la cual cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. El esquema delictivo incluía el cobro de cuotas fijas de 5000 soles quincenales y montos mensuales de entre 300 y 1500 soles por presuntos servicios de resguardo, dinero que era recolectado en efectivo dentro de las propias instalaciones de las compañías afectadas o transferido a cuentas bancarias de terceros.

Para lograr el sometimiento de los transportistas, la organización recurrió a ataques con armas de fuego y explosivos contra las unidades y sus conductores desde el año 2024, provocando heridos y víctimas mortales. La violencia de las amenazas obligó a la empresa Santa Catalina a suspender temporalmente sus operaciones en septiembre de 2024, momento en el que el grupo criminal consolidó el cobro sistemático de los cupos a través de sus intermediarios.

¿Cómo operaba la red de extorsión contra las empresas de transporte?

La modalidad delictiva era dirigida por Martín Germán Cárdenas Morales, de 49 años, quien se presentó ante la empresa Santa Catalina ofreciendo servicios de protección y mediación tras ganar confianza por un apoyo brindado en 2023 por conflictos de terrenos. Según la investigación de la Policía Nacional del Perú, Cárdenas Morales redactaba y enviaba los mensajes extorsivos firmados falsamente por distintas organizaciones para hacer creer a los directivos que enfrentaban a múltiples grupos criminales simultáneamente.

El coronel PNP Juan Flores Ardiles, jefe de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, explicó que el propio intermediario provocaba las amenazas mediante mensajes de WhatsApp que incluían advertencias de acciones violentas con armas de fuego. Registro en video captó a Cárdenas Morales ingresando a las oficinas de la empresa de transportes en fechas como el 2 y 8 de julio, así como el 3 de agosto, para retirar directamente de la caja los 5000 soles quincenales pactados bajo la fachada de la entrega a los supuestos extorsionadores.

En el esquema participaba también el administrador de la empresa Santa Catalina, Jhony Orcón Patilla, de 54 años, quien según la policía se coludió con la red criminal para facilitar la entrega del dinero en efectivo y realizar depósitos a cuentas receptoras. Las pesquisas revelaron que la empresa entregó 140 000 soles en efectivo recolectados en caja a Cárdenas Morales, además de 40 000 soles adicionales canalizados a través de transferencias bancarias a terceros.

¿Quiénes integraban la banda 'Los Injertos del Tren'?

El organigrama de la organización criminal estaba encabezado por Martín Germán Cárdenas Morales como cabecilla y por su hijo, Ángel Cárdenas Silva, de 22 años, quien cumplía la función de lugarteniente y encargado del transporte para la recolección de los fondos. La estructura operativa incorporaba como brazo armado a un extranjero de 29 años identificado como Gerardo Quintero Hurtado, alias 'Colocho', quien presentaba dos requisitorias vigentes y registraba investigaciones por amenazar a una fiscal provincial en octubre de 2025.

Bajo las órdenes del brazo armado operaba Santiago Callupe Rosas, de 20 años, alias 'Callupe', identificado por las autoridades como el ejecutor de los ataques con armas y explosivos contra los buses y sus conductores. Durante los interrogatorios policiales y el análisis de sus dispositivos móviles, las autoridades hallaron evidencia de la manipulación de cartuchos de dinamita y armas de fuego artesanales empleadas para amedrentar a las empresas de transporte y comercios locales como ferreterías, pollerías y farmacias.

Alias 'Callupe' declaró ante los investigadores haber atentado en cuatro oportunidades contra los choferes de la empresa Santa Catalina y afirmó haber participado en el asesinato de ocho personas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Asimismo, la organización empleaba a captadores de cuentas y utilizaba la colaboración de reclusos, como un prestacuentas intervenido en el Penal Castro Castro que administraba redes bancarias para la recepción de las transferencias extorsivas.

¿Qué resultados dejó el operativo policial contra la organización?

La División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Fiscalía y organismos de Estados Unidos, ejecutó un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 14 inmuebles situados en Huarochirí, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Callao, Cusco y Pucallpa. La intervención culminó con la detención de 12 integrantes de la banda criminal y la captura por requisitoria de Gerardo Quintero Hurtado, alias 'Colocho'.

En el sector de Jicamarca, los agentes intervinieron la residencia del presunto cabecilla Martín Cárdenas Morales, una propiedad de dos hectáreas equipada con piscina, bar y zonas de recreación que habría sido financiada con el dinero de las extorsiones. Durante el registro del inmueble y los demás puntos intervenidos, la policía incautó dos vehículos, 15 teléfonos celulares, nueve tarjetas bancarias de distintas entidades, dos tablets, porciones de droga y más de 4000 soles en efectivo.

El coronel PNP Juan Flores Ardiles detalló que la banda también aplicó este método de extorsión a la empresa Patrón San Sebastián, conocida como Línea "La 50", desde julio de 2025, iniciando los ataques tres días después de que la compañía rechazara sus servicios de resguardo. Todos los capturados son investigados por la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de banda criminal y extorsión.