Congreso retira beneficios a Humala tras condena judicial

El Congreso de la República acordó suspender los beneficios que venía recibiendo el expresidente Ollanta Humala, luego de que fuera condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado. La decisión fue tomada en la 38.ª sesión de la Mesa Directiva, realizada el pasado 20 de mayo.

¿Qué motivó esta medida contra el exmandatario?
La medida se sustenta en la Resolución 104 del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, emitida el 29 de abril de 2025, en la que Humala fue hallado culpable como coautor del delito mencionado. El acuerdo aprobado por el Congreso se basa en su facultad para suspender o cancelar apoyos otorgados “a título de liberalidad” cuando un exmandatario se ve involucrado en casos penales graves.

¿Qué tipo de beneficios le han sido retirados?
La suspensión alcanza al préstamo de vehículo, la asignación de combustible y la designación de una persona contratada bajo la modalidad CAS. Estos apoyos habían sido autorizados previamente mediante el Acuerdo 078-2016-2017/MESA-CR, normativa que otorga a la Mesa Directiva la potestad de otorgar o retirar beneficios discrecionales.

¿Se trata de una medida sin precedentes?
Si bien el Congreso ya había aplicado criterios similares en años anteriores, esta es la primera vez que se retiran formalmente beneficios logísticos y de personal a un expresidente condenado con prisión efectiva. La decisión fue adoptada tras la revisión de informes técnicos y legales del Departamento de Recursos Humanos y el Área de Asesoría Jurídica del Parlamento.

El caso Humala representa un antecedente relevante en la gestión de beneficios a exautoridades, especialmente cuando estas enfrentan procesos penales con condena firme.

¿Por qué se condenó a Ollanta Humala?

En abril de este año, el Poder Judicial condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, al encontrarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011.