Congreso anuncia control tras denuncia por obra en museo

A raíz del reportaje emitido por Cuarto Poder, el Congreso anunció que su Oficina de Auditoría Interna realizará acciones de control sobre la frustrada restauración del Museo de la Inquisición. La obra, iniciada en 2022, fue paralizada en abril de este año tras detectarse “vicios ocultos” y riesgos patrimoniales que, según el Parlamento, hicieron inviable continuar con el proyecto.

En su comunicado, el Legislativo precisó que el contrato con la empresa Qhapaq Ñan S.A.C. fue resuelto luego de detectarse condiciones que comprometían la estabilidad estructural del inmueble histórico, ubicado en la Plaza Bolívar. Asimismo, informó que se ha solicitado a PROLIMA intervenir con un equipo técnico para completar el proyecto.

¿Qué reveló el reportaje de Cuarto Poder?

El programa dominical denunció que, tras dos años de trabajos y más de S/ 4.9 millones ejecutados, la obra solo había avanzado un tercio. En las imágenes se observaron objetos patrimoniales desordenados, estructuras sin intervenir y ambientes convertidos en depósitos. El museo, que debía reabrir en 2024, permanece cerrado y abandonado.

Además, se cuestionaron los más de S/ 1.2 millones aprobados en adicionales por las mesas directivas del Congreso bajo las gestiones de José Williams, Alejandro Soto y Eduardo Salhuana. Expertos consultados por el programa señalaron que los hallazgos arqueológicos alegados por la empresa —como criptas y muros virreinales— eran previsibles, dada la ubicación del museo en el Centro Histórico de Lima.

¿Quiénes deben responder por la parálisis del proyecto?

Aunque la obra abarcó tres gestiones parlamentarias, ningún vocero oficial ha asumido responsabilidad ni dado explicaciones claras. Incluso algunos congresistas consultados afirmaron no saber que el museo estaba cerrado. La empresa ejecutora no descarta presentar reclamos ante el Estado por la resolución del contrato.

A pesar de la inversión millonaria, el Congreso aún no ha definido si se aplicarán sanciones a la contratista ni si se convocará un nuevo proceso para continuar con la restauración. La fiscalización interna será clave para establecer responsabilidades y evitar que el caso se convierta en otro ejemplo de desidia institucional frente al patrimonio cultural.

¿Qué se pierde si no se reanuda la restauración?

El Museo del Congreso y de la Inquisición es un espacio declarado patrimonio cultural de la Nación. Funcionó como sede del Tribunal del Santo Oficio en el Virreinato y luego como Senado en la etapa republicana. Su valor histórico es incuestionable.

La paralización del proyecto no solo implica una pérdida económica, sino también simbólica: el deterioro de un espacio emblemático cuya puesta en valor fue asumida por el Estado y luego abandonada sin claridad. “Si no se continúa, esos cinco millones se perderán”, advirtió la gerente de la empresa ejecutora.

Mientras tanto, la promesa de transparencia y recuperación del museo dependerá del informe que produzca la auditoría interna anunciada por el Congreso. La ciudadanía espera que esta vez las responsabilidades no queden archivadas.