Condenan a ocho años de prisión a comandante de la Policía

El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva al comandante de la Policía Nacional del Perú, Manuel Canales, por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. La sentencia incluye además la obligación del pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil.

El tribunal dictó la resolución judicial luego de evaluar las pruebas presentadas sobre la intervención realizada contra el oficial en la vía pública. Fuentes oficiales señalaron que los hechos ocurrieron cuando el efectivo desobedeció las indicaciones de los agentes que realizaban labores de fiscalización.

El proceso legal determinó la responsabilidad penal del oficial tras confirmarse el desacato a las órdenes emitidas por las autoridades intervinientes. La sanción dispone el internamiento efectivo del comandante Manuel Canales en un establecimiento penitenciario.

Intervención en la vía exclusiva del Metropolitano en San Martín de Porres

El suceso transcurrió el 27 de mayo de 2026, cuando personal policial intervino al comandante Manuel Canales en el distrito de San Martín de Porres. El oficial conducía un vehículo particular por el carril exclusivo del Metropolitano a la altura de la estación Parque del Trabajo.

Durante el despliegue del operativo, los efectivos del orden percataron que el comandante manejaba la unidad mientras manipulaba su teléfono celular. Ante esta infracción al reglamento de tránsito, el personal interviniente le solicitó que detuviera la marcha del automóvil de forma inmediata.

A pesar de las reiteradas indicaciones emitidas por sus colegas en el lugar, el oficial desobedeció las órdenes impartidas y se negó a acatar la intervención. Esta conducta derivó en la apertura del proceso penal por desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado.

Detalles de la condena contra el comandante de la Policía

El fallo judicial establece que el comandante Manuel Canales incurrió en una falta grave al transgredir los mandatos de las fuerzas del orden durante el ejercicio de sus funciones. El Poder Judicial ratificó que ningún miembro de la institución policial se encuentra exento de cumplir las leyes vigentes.

La decisión emitida fijó el pago de 5 mil soles que el condenado deberá abonar como reparación civil a favor del Estado peruano. Los magistrados determinaron que la conducta del oficial vulneró el principio de autoridad y el correcto funcionamiento de la administración pública.