Círculo de Castillo vuelve al Estado con órdenes de servicio

Integrantes del llamado "gabinete en la sombra" del expresidente Pedro Castillo, algunos procesados o colaboradores eficaces, han vuelto a obtener contratos con entidades públicas. Pese a las investigaciones por corrupción, tráfico de influencias y colusión, sus nombres figuran en nuevas órdenes de servicio del propio Estado que los investiga, reveló Cuarto Poder.

Entre los beneficiados figura Alejandro Sánchez Sánchez, exfinancista de Castillo y prófugo de la justicia, cuya empresa Aldalab Perú SAC firmó contratos por más de S/170 mil en 2023 y 2024 para proveer equipos médicos a hospitales, direcciones regionales de salud y universidades.

También destaca Salatiel Marrufo, exasesor en Vivienda y colaborador eficaz, quien confesó sobornos millonarios. Su estudio de abogados fue contratado este año por la Municipalidad de San José, en Chiclayo, por S/8 mil para brindar asesoría legal externa.

Contratos pese a investigaciones fiscales

Eder Vitón Burga, exasesor presidencial acusado de operar para intimidar a instituciones fiscalizadoras, giró once órdenes de servicio con la Municipalidad del Callao por más de S/100 mil. Las funciones exactas que cumple no se especifican, pero figura como “locador de servicios”.

Otro rostro del entorno de Castillo es David Pérez Curi, quien habría coordinado directamente con el expresidente el nombramiento del entonces comandante de la Policía. Este año fue contratado por la Defensoría del Pueblo por S/32 mil para sistematizar información en un informe anual.

Auner Vásquez, señalado como coordinador del “gabinete en la sombra”, fue contratado por la Municipalidad de Paccha (Chota) en dos ocasiones en 2024 por asesorías jurídicas que suman más de S/24 mil, a pesar de haber sido detenido e investigado por corrupción.

Yenifer Paredes también vuelve al sector público

La cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, investigada por tráfico de influencias, ahora figura como asistente administrativa en la Municipalidad Provincial de Chota. Fue contratada en mayo de este año por S/6,900.

Durante el gobierno de Castillo, fue grabada ofreciendo obras junto al empresario Hugo Espino, hoy también investigado. La fiscalía aún analiza el impacto de su participación en presuntos actos irregulares en su localidad natal.

Estos contratos se han concretado pese a que muchos de estos personajes están aún bajo investigación. Algunos incluso confesaron haber sido parte de una red corrupta, pero hoy nuevamente figuran en la nómina del Estado.

Resumen en bulletpoints:

-Exasesores e investigados del entorno de Castillo vuelven al Estado.

-Alejandro Sánchez obtuvo contratos por más de S/170 mil con su empresa.

-Salatiel Marrufo fue contratado como asesor legal por una municipalidad.

-Eder Vitón recibió S/100 mil en órdenes de servicio del Callao.

-David Pérez fue contratado por la Defensoría del Pueblo.

-Auner Vásquez recibió pagos por asesorías en Paccha.

-Yenifer Paredes trabaja en la Municipalidad de Chota con contrato de S/6,900.