Caso Odebrecht ¿Por qué Barata podrá viajar a Turquía y Mongolia?

El Poder Judicial del Perú resolvió autorizar a Jorge Barata a viajar a Turquía y Mongolia hasta el 24 de agosto de este año. El permiso fue solicitado por su defensa, dado que la comparecencia con restricciones que pesa sobre él le impide salir de Brasil, país donde reside actualmente, sin autorización judicial previa.

Según la resolución, la solicitud cumplió con los requisitos formales y presentó un itinerario de viaje documentado. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de cuestionamientos, ya que la Fiscalía considera que podría poner en riesgo el desarrollo de las investigaciones que se le siguen por el caso Gasoducto Sur Peruano.

¿En qué situación legal se encuentra actualmente Barata?

Desde enero de 2025, Barata se encuentra bajo un régimen de comparecencia con restricciones, luego de que la Corte Superior Nacional revocara la prisión preventiva de 36 meses que se había dictado en su contra en octubre de 2024.

La modificación de la medida se produjo tras un recurso de apelación presentado por su defensa, que logró convencer al tribunal de que podían garantizarse las investigaciones sin necesidad de mantenerlo privado de libertad.

Como parte de las condiciones impuestas, el exdirectivo debe cumplir con controles biométricos mensuales de forma virtual, entregar informes escritos de sus actividades, comparecer a requerimientos fiscales y judiciales mediante videoconferencia, no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso y pagar una caución económica de 500,000 soles.

¿Por qué este viaje genera controversia?

La autorización se produce en un momento particularmente sensible para el proceso judicial. La Fiscalía lo investiga como presunto cómplice del delito de colusión agravada, al considerar que participó en la adjudicación irregular del Gasoducto Sur Peruano y en la devolución de la carta fianza del Gasoducto Andino del Sur.

Para el Ministerio Público, permitirle viajar a destinos tan lejanos como Turquía y Mongolia podría complicar la coordinación de diligencias y limitar su disponibilidad para responder a citaciones urgentes.

La preocupación fiscal radica en que, aunque la comparecencia con restricciones contempla salidas autorizadas, estas deben evaluarse con cautela para no comprometer el control procesal sobre el imputado.

¿Qué antecedentes marcan este proceso?

En noviembre de 2024, Jorge Barata dio por terminada su colaboración eficaz con la justicia peruana, decisión que tomó tras la orden de prisión preventiva en su contra.

Su abogado calificó aquella medida como una violación del tratado bilateral de cooperación judicial entre Brasil y Perú y anunció que acudiría a la Corte Suprema de Brasil, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso a Interpol para impedir su detención.

Hasta ese momento, Barata había sido un colaborador clave en el caso Lava Jato, proporcionando detalles sobre pagos ilícitos y sobornos entregados a exfuncionarios peruanos. El fin de su cooperación fue interpretado como un revés significativo para las investigaciones de corrupción.

¿Qué otras acciones recientes han afectado a Barata y su entorno?

El 25 de julio de 2025, la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio llevó a cabo una diligencia en San Isidro para incautar bienes vinculados a sus hijas, Daniela y Gabriela Simoes Barata.

La operación, encabezada por el fiscal Renzo Cairo, incluyó un departamento, dos estacionamientos y un depósito valorizados en más de 2 millones de soles.

Según la Fiscalía, estas propiedades habrían sido transferidas con la intención de evitar el pago de la reparación civil derivada de su implicancia en el caso Odebrecht.

Los inmuebles quedaron bajo la administración de Pronabi, respetando los contratos de alquiler vigentes, y su destino final se definirá una vez que concluya el proceso judicial correspondiente.

¿Qué dice la defensa de Barata sobre este permiso?

Para su defensa, la autorización de viaje demuestra que Barata ha cumplido con todas las condiciones impuestas y que no existe riesgo de fuga.

Argumentan que el exdirectivo ha respondido puntualmente a todas las citaciones, ha cumplido con el control biométrico y ha presentado los informes requeridos.

Además, aseguran que la salida del país no afectará el proceso, ya que se compromete a atender cualquier requerimiento judicial de forma virtual durante su viaje.

¿Cuál es la postura de la Fiscalía?

El Ministerio Público considera que un viaje de esta naturaleza implica riesgos que deben valorarse con cautela.

Para los fiscales a cargo, la distancia geográfica y las posibles limitaciones de comunicación podrían entorpecer el desarrollo de las diligencias.

La posición fiscal se sustenta en la necesidad de preservar la eficacia de la investigación y evitar retrasos que puedan debilitar el caso.

¿Qué está en juego para el caso Gasoducto Sur Peruano?

El proceso sigue en etapa preparatoria, con varias líneas de investigación abiertas. La presencia de Barata, aun cuando es virtual, es considerada fundamental para confirmar versiones, contrastar documentos y responder a nuevas evidencias.

Cualquier alteración en el cronograma de diligencias podría impactar en la recolección de pruebas y en el desarrollo del juicio.

El caso involucra uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos de infraestructura en el país, y su desenlace es visto como una prueba del compromiso del sistema judicial en la lucha contra la corrupción.