Hoy:

    Cancelan contrato vial en La Libertad tras denuncia de fraude

    Tras un avance mínimo y la presentación de documentos inexactos, el Gobierno Regional de La Libertad anuló un contrato con el consorcio ligado a Lucero Coca Condori, hoy investigado.

    Foto y video: Canal N

    El Gobierno Regional de La Libertad decidió anular un contrato de más de S/121 millones con el Consorcio Vías de Huanchaco, luego de detectar que presentó información inexacta sobre sus especialistas técnicos. El proyecto era para mejorar el corredor vial entre Trujillo y Huanchaco, pero su ejecución no superó el 5% tras varios meses.

    Las autoridades concluyeron que los certificados entregados por el consorcio no coincidían con los registros oficiales. Esa falta de veracidad vulnera principios esenciales de transparencia en contratos públicos.

    ¿Quién está detrás del consorcio cuestionado?

    El contrato anulado estaba a cargo de Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin experiencia previa en obras públicas. Su empresa, LC & EC Constructora, lideró el consorcio con el 90% de participación, mientras sus socios técnicos solo aportaban el 10%.

    Coca también figura como responsable de otros contratos millonarios en Junín y Loreto, bajo esquemas similares. Estos casos ya son revisados por la Contraloría y la Fiscalía.

    ¿Qué dice la resolución oficial del contrato anulado?

    La resolución ejecutiva, firmada por el gobernador César Acuña, confirma que la decisión se basa en el bajo avance de la obra y en los certificados dudosos de los profesionales clave. El documento también ordena iniciar acciones legales contra el consorcio.

    Se destaca que los riesgos técnicos y la falta de personal especializado eran evidentes, lo cual hacía insostenible continuar con la ejecución del contrato.

    ¿Qué pasará con la obra vial de Trujillo–Huanchaco?

    El contrato anulado obliga al Gobierno Regional a realizar una constatación física del avance real. A partir de ahí, se elaborará un nuevo expediente técnico que permita relanzar la obra bajo condiciones más seguras y legales.

    Mientras tanto, el Ministerio Público evalúa si hubo delitos en la adjudicación y en la información entregada por los representantes del consorcio.

    ¿Qué otros contratos involucran a Lucero Coca?

    Además del contrato anulado en La Libertad, LC & EC ganó dos licitaciones más: una en Junín por S/207 millones para un hospital y otra en Loreto por S/22 millones.

    En todos los casos, Coca lidera los consorcios con hasta 99% de participación, pese a no tener antecedentes técnicos.

    Estas adjudicaciones también están bajo investigación, ya que varios postores fueron descalificados por detalles menores, dejando a LC & EC como única opción válida.

    ¿Cómo ha respondido el gobernador César Acuña?

    Acuña negó conocer a Lucero Coca Condori y afirmó que las licitaciones se realizaron según la ley. No obstante, reportajes televisivos revelaron reuniones previas entre Coca, su padre y funcionarios regionales.

    El gobernador ha enfrentado críticas por la falta de controles internos en su gestión, aunque aseguró que se actuará con firmeza si se comprueba alguna irregularidad.

    ¿Qué impacto tiene este caso en otras regiones?

    El patrón de adjudicar obras millonarias a empresas sin experiencia técnica genera preocupación en todo el país. La facilidad con la que algunos consorcios ganan contratos, a pesar de sus limitaciones, pone en duda la eficacia del sistema de contrataciones públicas.

    En este contexto, el contrato anulado en La Libertad se convierte en un precedente que podría marcar el inicio de una revisión más profunda de este tipo de procesos.

    El Gobierno Regional de La Libertad anuló un contrato vial de S/121 millones con el Consorcio Vías de Huanchaco tras detectar certificados falsos sobre la experiencia de sus especialistas técnicos. La obra, con solo un 5% de avance, estaba liderada por Lucero Coca Condori, joven empresaria sin trayectoria en el rubro. La resolución, firmada por César Acuña, ordena acciones legales y nueva licitación. Otras adjudicaciones en Junín y Loreto con el mismo esquema están bajo revisión. Fiscalía y Contraloría investigan las contrataciones con recursos públicos.