Campoy: continúan las disputas por el terreno y shipibos no han sido reubicados

A simple vista, el terreno ubicado en la cuadra 4 de Malecón Checa en San Juan de Lurigancho no tiene nada de espectacular. Sin embargo, es el centro de un lío sordo entre la actual gestión municipal de Luis Castañeda Lossio y la que la antecedió, la de Susana Villarán. 

Luego del incendio en Cantagallo, los cuestionamientos a Castañeda Lossio no se hicieron esperar ¿Por qué no reubicó a la comunidad shipibo – konibo, en este terreno que la gestión de Villarán ya había comprado para edificar el complejo habitacional? ¿Por qué prefirió destinar el dinero en el bypass de 28 de julio? 

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La Municipalidad de Lima emitió un comunicado más confrontativo, en el que acusaban a la gestión de Villarán de comprar un terreno sobrevalorado en medio de una transacción, según ellos bastante irregular, a solo meses de dejar el cargo. Esta semana, Cuarto Poder visitó el terreno en cuestión en un intento por determinar si acá hubo gato encerrado. Esto fue lo que encontramos.  

El terreno de Campoy fue adquirido a finales de 2011 por la empresa Portal Campoy SAC, perteneciente a la inmobiliaria PentaMall, que funciona en un edificio en Choquehuanca, San Isidro. Portal Campoy adquirió el terreno de más de 7 mil metros cuadrados a un costo total de 2 millones y medio de dólares. 

Meses antes de esta transacción, en mayo de 2011, Portal Campoy solicitó a la Municipalidad de Lima el cambio de zonificación de este predio, de industrial liviano a comercio zonal. Según la gestión de Castañeda esto daría pie a una primera suspicacia ¿Por qué una empresa privada exigía el cambio de zonificación de un predio del que aún no era propietario? 

El cambio de zonificación se dio en febrero de 2012, meses después de que Portal Campoy adquiriera el predio. La gestión de Castañeda ha tratado de vincular a Marisa Glave, por ese tiempo presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano de la municipalidad con una supuesta dación irregular de esta zonificación. Sin embargo, ella se defendió cuando nosotros le hicimos la pregunta hace algunas semanas. 

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Lo concreto es que un tiempo después, el 7 de octubre de 2014, a dos días de perder la reelección municipal de ese año, la gestión de Villarán le compró el terreno a Portal Campoy por más de 4 millones y medio de dólares, cerca de 40% más de lo que les costó a ellos en el 2011. Este pago se hizo a través del fideicomiso del proyecto Río Verde y con la intervención del Scotiabank. 

Meses después de esta transacción, en febrero de 2015, Portal Campoy fue dado de baja en la Sunat. La única operación comercial que registró fue la compra y venta de este terreno. 

Buscamos insistentemente la versión de Penta Mall, la inmobiliaria que en su momento constituyó Portal Campoy, pero no quisieron darnos una entrevista, solo se limitaron a enviarnos un comunicado en el que rechazaban cualquier irregularidad. 

Aseguraron que inicialmente el terreno serviría para un centro comercial, proyecto que dicen se tornó inviable para fines de 2013. Debido a esto, pusieron el terreno en venta. La municipalidad se interesó y así fue como hicieron la transacción; sin embargo, hay cosas que llaman la atención.

Este terreno en realidad ¿puede costar 4 millones y medio de dólares? Lo que encontramos no deja de ser sorprendente. 

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“Aparentemente es un relleno de construcción de las familias que han construido en la zona de Campoy, además se puede ver que las paredes colindantes tienen fisuras, las paredes se están rajando (…) Solo hemos encontrado una intención de adquirir este terreno pero sin ningún sustento técnico ni estudio de las características del terreno, simplemente se lanzó una oferta de pagar 650 dólares por metro cuadrado para comprar el terreno”, dijo Jaime Villafuerte, gerente de Promoción Privada de la Municipalidad de Lima.

Buscamos conversar con la exalcaldesa Susana Villarán o con alguien vinculado a la gestión anterior. No obtuvimos respuesta. Pero quien sí habló fue el arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos a quien la actual gestión municipal, en su comunicado, acusó de cobrar 5 millones de soles por un perfil de proyecto que nunca llegó a expediente técnico. 

“Eso es una infamia, el expediente técnico acá está, acá dice OAS, lo recibió Vera Moreno, el contratante no soy yo, es absolutamente increíble, dicen que soy un ladrón”, sostuvo Ortiz de Zevallos.

Señaló que sí hubo un expediente técnico a cargo de la empresa Vera & Moreno y que él fue uno de los tantos profesionales contratados para elaborarlo. El expediente técnico abarcó todos los puntos del proyecto Río Verde incluyendo el complejo habitacional para los shipibos que inicialmente se iba a construir al frente de Cantagallo, en el otro margen del río Rímac muy cerca de Martinete, donde está el actual campamento municipal. 

Pero afirma que se desestimó la posibilidad de hacer las viviendas en esa zona, debido a la mala calidad del terreno. Entonces se eligió Campoy, donde no se llegó a hacer un expediente técnico debido a que OAS nunca quiso avanzar en el proyecto. 

¿Habrá tenido que ver en esto las comunicaciones por WhatsApp entre Leo Pinheiro, mandamás de OAS y Gissele Zegarra, ex funcionaria municipal? 

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En medio de los entredichos, los shipibos de Cantagallo han decidido solucionar las cosas por sus propias manos. A semanas del incendio, los posesionarios del terreno levantan sus casas nuevamente, a la espera de una solución final. 

Al frente, en Martinete, la situación es distinta. Quienes se fueron para allá no eran los posesionarios de los terrenos en Cantagallo, sino inquilinos que alquilaban cuartos en las viviendas de sus paisanos. Son los que, en realidad, se han quedado sin nada. 

El incendio de Cantagallo motivó una ola de indignación pocas veces vista. En ese interín, los políticos jugaron a tirarse la pelota de la responsabilidad con amagues dignos de Messi y Neymar. Quién no lo hizo, por qué no lo hizo, de quién es la culpa y cosas por el estilo. Mientras el tiempo pasa, quienes levantan sus casas son aquellos a los que les ofrecieron una pronta solución.