¿Buscan deducir pagos por extorsión del impuesto a la renta?

Un nuevo proyecto de ley presentado por el congresista Luis Cordero Jon Tay plantea que las víctimas de extorsión puedan deducir esas pérdidas del Impuesto a la Renta sin necesidad de iniciar un proceso judicial. La propuesta fue ingresada a la Comisión de Economía del Congreso y busca ofrecer un mecanismo seguro a los contribuyentes afectados por este delito.

El proyecto lleva el número 12793 y cuenta con el respaldo de seis legisladores coautores. La medida se centra en modificar el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

¿Qué plantea exactamente el proyecto de ley?

La propuesta busca que los pagos realizados a extorsionadores puedan acreditarse como pérdida extraordinaria a efectos tributarios, sin que se requiera una denuncia judicial. Para ello, el contribuyente deberá presentar una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente, acompañada de los medios probatorios disponibles.

Esta modificación eliminaría el requisito actual de judicialización del delito, permitiendo a las víctimas resguardar su seguridad y la de sus familias.

¿Por qué se busca eliminar la denuncia como requisito?

Según el proyecto, exigir una denuncia judicial para acreditar pérdidas por extorsión pone en riesgo a las víctimas, quienes muchas veces enfrentan amenazas directas de organizaciones criminales. La medida busca evitar que los afectados deban elegir entre su integridad personal y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La propuesta destaca que esta situación ha generado un alto nivel de subregistro de casos de extorsión y que muchas víctimas tributan sobre ganancias que en realidad no existen.

¿Cómo se prevendría el uso indebido del mecanismo?

Para evitar fraudes, el proyecto establece que si la SUNAT detecta información falsa en una declaración jurada, su Procurador Público podrá formalizar una denuncia penal ante el Ministerio Público. También se autoriza a la SUNAT a emitir normas reglamentarias para implementar el mecanismo.

La iniciativa precisa que esta medida no reemplaza la vía judicial para quien desee seguirla, sino que ofrece una alternativa exclusivamente para fines tributarios.

¿Qué congresistas respaldan esta propuesta?

Además del autor principal, Luis Cordero Jon Tay, el proyecto fue presentado con el apoyo de Alejandro Soto Reyes, Segundo Quiroz Barboza, Magaly Ruíz Rodríguez, María Grimaneza Acuña Peralta, Idelso García Correa y Eduardo Salhuana Cavides.

El documento sostiene que esta solución legislativa puede beneficiar a miles de micro, pequeños y medianos empresarios, transportistas y comerciantes que son blanco de extorsión en distintas regiones del país.

¿Qué datos respaldan la necesidad de esta medida?

El proyecto cita cifras del INEI que muestran que solo el 15,7 % de las víctimas de algún delito presenta denuncia. Entre las razones para no hacerlo figuran la percepción de que es una pérdida de tiempo, la desconfianza en la Policía y el miedo a represalias de los agresores.

También se citan estudios que indican que algunos transportistas llegan a entregar hasta el 30 % de sus ingresos a organizaciones delictivas, afectando su sostenibilidad operativa.

¿Cuál es el impacto económico de la extorsión?

De acuerdo con datos presentados en la exposición de motivos, la extorsión genera pérdidas de más de 5,800 millones de dólares al año, lo que equivale al 2,2 % del Producto Bruto Interno. Además de reducir el capital de trabajo de las empresas, esta práctica fomenta la informalidad y reduce la competitividad del país.

El proyecto considera que permitir la deducción tributaria de estas pérdidas es una forma de justicia fiscal que evitará que las víctimas paguen impuestos sobre utilidades ficticias.

¿Qué efectos se esperan si se aprueba esta ley?

La iniciativa busca mejorar la equidad del sistema tributario, proteger a los contribuyentes de alto riesgo y preservar la formalidad de las empresas. También permitiría al Estado recopilar información estadística sobre la magnitud del problema y diseñar políticas públicas basadas en datos reales.

Entre los efectos indirectos proyectados están el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y el incentivo a permanecer en el circuito formal de la economía.

¿Cómo se alinea esta propuesta con el marco legal vigente?

El texto legislativo asegura que la iniciativa no modifica el Código Penal ni las normas procesales. La denuncia judicial sigue siendo una opción voluntaria. El proyecto solo propone una alternativa para la acreditación de pérdidas ante la administración tributaria en contextos de riesgo, y se alinea con políticas de Estado vinculadas a seguridad ciudadana y eficiencia institucional.

El congresista Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley que permite a víctimas de extorsión deducir las pérdidas económicas sufridas del impuesto a la renta mediante una declaración jurada notarial, sin necesidad de denuncia judicial. La medida busca evitar que contribuyentes tributen sobre ganancias ficticias mientras preservan su seguridad. La iniciativa incluye mecanismos de control y responsabilidad penal por información falsa. Se espera que fortalezca la equidad tributaria, fomente la formalidad y genere datos útiles para diseñar políticas públicas contra la extorsión.