Belaúnde anuncia control perimétrico en penales por las FF.AA.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, anunció en Cuarto Poder que las Fuerzas Armadas asumirán el resguardo y control perimétrico de los accesos a diversos establecimientos penitenciarios del país. Aunque el titular del sector reconoció que aún no se puede precisar la fecha exacta de inicio, confirmó que el Ejecutivo prepara un decreto supremo para normar la presencia militar en las inmediaciones de los reclusorios y frenar las operaciones delictivas.

Tipificación de bandas criminales como grupos hostiles

Asimismo, Belaúnde sostuvo que resulta imprescindible que el Congreso apruebe la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo para clasificar a organizaciones delictivas (entre ellas 'Los Pulpos', 'Tren de Aragua', 'Comando Vermelho' o 'Los Choneros') bajo la figura legal de grupos hostiles. Esta medida otorgaría el marco normativo para que las Fuerzas Armadas utilicen inteligencia militar e intervengan directamente contra las estructuras de mando de estas mafias.

Los penales como centros de operaciones del delito

Durante la entrevista, el titular de Defensa enfatizó que "los penales son la última trinchera del delito, son los centros de operaciones del crimen organizado". En esa línea, señaló que el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo fueron planificados desde tres centros penitenciarios bajo las directivas de la organización criminal 'Los Pulpos'.

Instalación de retenes de control y escáneres corporales

Para impedir la filtración de objetos prohibidos, el sector Defensa plantea la instalación de retenes militares de inspección en los accesos de los penales. Estos puestos contarán con escáneres corporales —gestionados en coordinación con la Sunat y la embajada de Estados Unidos— para someter a revisión a visitantes, vehículos de proveedores e integrantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Propuesta para modificar el mandato de la comandancia policial

Finalmente, al ser consultado sobre las posturas políticas que exigen la salida del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, el ministro recordó que la ley actual establece una permanencia de dos años en el cargo. Sin embargo, reveló que en el pedido de facultades se propone modificar la norma para reducir dicho periodo obligatorio a un año, con la opción de extenderlo a un segundo año sujeto a evaluación de la Presidencia de la República.