Municipalidad de Ate clausuró discoteca vinculada a violación de joven

El propietario identificado como William Salazar Villano no fue hallado en el lugar ni en la dirección que figura en sus documentos

Clausuran discoteca donde se habría registrado violación. Foto: captura de TV

No fue clausurada precisamente por la denuncia de violación que habría ocurrido en este local, ni porque está ubicada al lado de un colegio.  La discoteca "Fuego" fue clausurada por no cumplir una norma municipal, como el haber ampliado su horario de funcionamiento. 

A este centro, donde también funciona el hostal Amor Amor, llegó personal de la Policía Especializada para inspeccionar el local de diversión y dialogar con su propietario William Salazar Villano, al que no encontraron. Tampoco fue ubicado en la dirección de Santa Anita que registra en su DNI. Un día antes la municipalidad de Ate a través de un comunicado, aseguró que Salazar señaló que el hecho ocurrió en julio de 2016 cuando la discoteca funcionaba en Santa Anita.   

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La búsqueda del abusador al que todos llamaban Walter en el video continúa. La Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, dispuso abrir investigación preliminar por 30 días por el presunto abuso sexual cometido en la discoteca Fuego. El magistrado ha pedido tanto a la Municipalidad de Ate como la de Santa Anita, información sobre la ubicación exacta del local de diversión y proceder a pedir el material audiovisual de las cámaras de video vigilancia.

Por su parte el Ministerio de la Mujer pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades en la identificación del abusador. El comunicado señala además que brindará atención psicológica y asesoría legal a la víctima apenas sea identificada. También anunció que denunciará penalmente a la discoteca así como al personal de seguridad por complicidad con el abusador.

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Según algunos especialistas es posible sancionar a los autores de comentarios que culparon a la víctima por su presunto estado de ebriedad, al ser un tema de discriminación de género y se les podría aplicar hasta 3 años de cárcel. Sería la Policía la encargada de rastrear a los autores e identificarlos.    

 

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