El pleno del Congreso de la República aprobó una extensión del plazo para la formalización de los mineros informales y artesanales hasta finales del año 2024.
Originalmente, el gobierno de Dina Boluarte había promovido un decreto legislativo para acelerar este proceso, pero encontró resistencia en una amplia coalición de fuerzas políticas.
El pleno del Congreso, apoyado por diferentes bancadas parlamentarias acordó permitir que la formalización continúe todo el año.
Este cambio legislativo busca corregir lo que se ha percibido como un error por parte del Ejecutivo y apoyar a los trabajadores del sector minero.
La presencia de mineros en las afueras del Congreso evidenció la tensión y el temor a una posible convulsión social.
Discrepancias
La congresista Ruth Luque fue la voz disonante, pidiendo que se mantenga la obligatoriedad de licencias para el uso de explosivos en la minería informal.
La sesión en el Congreso estuvo marcada por pedidos de exoneración de agenda y la movilización de diversas bancadas y grupos no agrupados, culminando con la aprobación de la normativa que beneficia a los mineros.
