Alejandro Toledo: Fiscalía y Procuraduría presentaron pedido para recuperar los 6,6 mllns. incautados en Costa Rica

El Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado solicitaron oficialmente, a través de la Cancillería peruana, al gobierno de Costa Rica repatriación de los 6,6 millones de dólares que fueron confiscados por la Fiscalía costarricense y que están relacionados con el expresidente Alejandro Toledo en el marco del caso Ecoteva.

Esta acción fue anunciada por la procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, en entrevista al programa Octavo Mandamiento de Canal N.

"Ha habido pedidos por parte de la Fiscalía, por parte de la autoridad central del Ministerio Público, canalizado por Cancillería para que este dinero sea recuperado a favor del Estado. Nosotros no tenemos competencia directa, pero sí hemos presentado oficios para que ese dinero sea repatriado", explicó la integrante de la Procuraduría.

La funcionaria añadió que las coordinaciones posteriores se deben dar entre los gobiernos de Perú y Costa Rica por la vía diplomática debido a que el dinero forma parte de una investigación penal.

"Le corresponde al Perú ese dinero porque es parte del esquema de corrupción. Costa Rica en su momento, cuando tuvo las investigaciones abiertas, lo que alegaba es que su sistema financiero había sido utilizado, y por eso abrió una investigación por lavado de activos que, entendemos, ha sido cerrada", detalló.

LEY QUE LIMITA COLABORACIÓN EFICAZ

La procuradora pública, Silvana Carrión, también, se refirió a la ley que limita la colaboración eficaz e indicó que esta afectaría a 54 procesos vinculados al caso Lava Jato, tales como el Proyecto Línea Amarilla, al Proyecto Rutas de Lima, Gasoducto, El Club de la Construcción, entre otros.

"Buscan desincentivar los procesos de colaboración. En la práctica es lo que va a suceder [...] Porque no va a estar seguro si va a entregar a tiempo dicha información y la norma como está publicada dice que a los ocho meses se tiene que cerrar el proceso de colaboración [...] y se va a tener que archivar el proceso", advirtió la funcionaria.

COLABORACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

La representante de la Procuraduría General del Estado, además, cuestionó que la norma aprobada por el Congreso y que limita la colaboración eficaz no considera las diferencias para la delación de una persona natural y otra jurídica, esta última, según indicó, requiere de más tiempo al incluir un grupo de ejecutivos que se ponen a disposición de la Fiscalía para narrar los hechos delictivos.

"Las empresas cuando se someten a colaboración entregan información de varios proyectos que tienen que alcanzar de sus registros y que puedan corroborar con correos, con sistemas contables y otros proyectos. Eso, además, de los testimonios son muy amplias. Por ejemplo, el proceso de colaboración de Graña y Montero duro tres años", indicó.

Finalmente, la procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, se mostró de acuerdo a que se establezca un plazo dentro del proceso de colaboración eficaz "pero que no sea legal".

"Que la norma diga que el propio fiscal que dirige el proceso de colaboración fije su propio plazo dentro del proceso de colaboración eficaz [...] El fiscal es quien va a valorar la información", detalló a Canal N.