Caso Penta: Fiscalía chilena solicita prisión preventiva para exsubsecretario de Gobierno

La petición de encarcelar a Pablo Wagner se realizó en el marco de la segunda audiencia de imputación formal de diez personas, entre los que figuran, políticos y funcionarios. 

Emol.com
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La Fiscalía chilena solicitó prisión preventiva para Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), acusado de cohecho y lavado de dinero en el denominado caso Penta, un banco de inversiones que maneja activos por 20.000 millones de dólares.

La petición se realizó en el marco de la segunda audiencia de imputación formal de diez personas – banqueros, políticos y funcionarios – que están acusadas de defraudar al Fisco por medio de documentos falsificados y de la financiación irregular de campañas políticas.

La misma medida cautelar se solicitó en esta jornada, en la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Juan Martínez.

En la audiencia del miércoles, también se había demandado la reclusión preventiva para Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, acusados de soborno y delitos tributarios y dueños de Penta.

La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, salió a la luz a partir de una investigación de la Fiscalía a los principales socios del Grupo Penta.

De hecho, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a los dueños de Penta como autores de delito tributario por la utilización indebida de decenas de boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (unos 3,38 millones de dólares).

El exgerente general de Penta, Hugo Bravo, quién también se encuentra en el banquillo de los acusados, fue el que denunció las artimañas de sus antiguos empleadores.

Bravo fue quién abrió el capítulo político del caso al denunciar ante el Ministerio Público que el grupo financiaba las campañas de la UDI con dinero proveniente de negocios ficticios que acreditaban con boletas y facturas falsas.

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