EE. UU. restringe visas a funcionarios por corrupción

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a extranjeros y a sus familiares directos implicados en actos de corrupción o narcotráfico en la región. La medida administrativa se fundamenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para sancionar a quienes socaven un gobierno elegido democráticamente. Según informaron fuentes oficiales, la disposición se emitió en cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de Doral y la declaración del Escudo de las Américas.

Entre los ciudadanos sancionados figura el juez peruano del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, Juan Carlos Núñez Matos, a quien se le revocó el visado vigente junto a su familia directa. La resolución oficial de las autoridades norteamericanas responde a mecanismos de sanción coordinados para proteger la gobernanza democrática y el Estado de derecho. Según indicó el organismo gubernamental, el marco legal permite ejecutar la cancelación de documentos de viaje de forma inmediata ante la recolección de pruebas.

Las sanciones forman parte de una iniciativa multilateral que involucra la cooperación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La representación diplomática de la nación norteamericana precisó que la restricción de ingreso busca impedir que personas involucradas en delitos graves utilicen su territorio como destino. Asimismo, la autoridad estatal confirmó que el proceso de evaluación de visados continuará de manera permanente.

Alcance de las restricciones de visado aprobadas para ciudadanos extranjeros

En Bolivia, la administración estadounidense revocó los visados de doce ciudadanos extranjeros y de sus núcleos familiares por participar en actos irregulares. La nómina informada por las autoridades incluye a los fiscales Martín Daniel Irusta Flores, Alberto Zeballos Flores y Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco. De igual manera, la sanción afectó a los jueces Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, al exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, al magistrado Israel Ramiro Campero Méndez, al exmagistrado suplente Iván Ramiro Campero Villalba, al exfuncionario aduanero Alberto Samuel Soto de la Vía, al coronel policial Frans William Cabrera Quispe y al empresario José Luis Iriarte Cussi.

En el territorio colombiano, la política oficial norteamericana revocó los visados del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), incluyendo a sus familiares directos. Respecto a Ecuador, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la revocación de visados para dos ciudadanos de dicho país y sus familias.

Por su parte, el Departamento de Estado designó públicamente bajo la Sección 7031(c) al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, declarándolo inelegible para ingresar a Estados Unidos junto a sus familiares inmediatos. Según indicaron fuentes oficiales, Mariaca incurrió en corrupción significativa al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y beneficiar a procesados judiciales durante el ejercicio de sus funciones.

Designación del fiscal general de Bolivia y marco legal de las sanciones

El Departamento de Estado de EE. UU. designó públicamente bajo la Sección 7031(c) al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, declarándolo inelegible para ingresar a territorio norteamericano junto a su familia directa. Según indicaron voceros oficiales, Mariaca incurrió en actos de corrupción significativa al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el tráfico de drogas y ayudar a delincuentes a evadir la justicia. La autoridad boliviana fue elegida en 2024 para un mandato de seis años durante la gestión del presidente Luis Arce.

La base legal de estas anulaciones de visados se sustenta en el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Dicha normativa prohíbe el ingreso de aquellas personas cuyas actividades o presencia puedan acarrear consecuencias adversas graves para la política exterior de la nación norteamericana. La medida se aplicó de manera directa tras la evaluación de los expedientes presentados por las agencias correspondientes.

Por otro lado, la Sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado obliga a sancionar de forma pública o privada a los funcionarios internacionales sobre los que existan informes fidedignos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Fuentes gubernamentales concluyeron que se mantendrá el seguimiento de estos casos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad hemisférica.