EE. UU. rechaza reforma constitucional promovida en Nicaragua
EE.UU cuestionó la reforma electoral aprobada en Nicaragua que excluye a la oposición de las elecciones
El Gobierno de los Estados Unidos rechazó la aprobación en primera legislatura de la reforma constitucional impulsada por el régimen de Nicaragua, la cual excluye a la oposición de la vida política y posterga los procesos electorales de este año. Ante el cambio normativo aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional, la administración estadounidense solicitó una reacción firme a la comunidad internacional para frenar las medidas autoritarias.
¿Qué implica la reforma constitucional aprobada por el régimen nicaragüense?
La enmienda constitucional restringe de forma definitiva el acceso a la función pública y a comicios electorales a los ciudadanos calificados por el régimen como "traidores a la patria". Asimismo, la norma alcanza a quienes sean acusados de participar en intentos de golpe de Estado, recibir financiamiento extranjero o ejecutar acciones contrarias a la soberanía de la República de Nicaragua.
Junto a las inhabilitaciones políticas, el texto constitucional amplía el periodo de mandato de la presidencia y de otras autoridades de 6 a 7 años de duración. Frente a este escenario, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la Casa Blanca no se mantendrá de brazos cruzados e instó a sus países aliados a tomar postura inmediata.
¿Cuál es el contexto político de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
Desde el oficialismo, los voceros del régimen sostienen que las modificaciones buscan evitar que sectores catalogados como "vende patria" atenten contra los principios de la carta magna. Sin embargo, las enmiendas ratifican lo anunciado por el mandatario Daniel Ortega, quien previamente declaró que en el territorio nacional no volverían a celebrarse elecciones.
Daniel Ortega gobierna Nicaragua ininterrumpidamente desde 2007 y comparte la gestión con la copresidenta Rosario Murillo. Organismos internacionales de derechos humanos señalan a su administración por la constante persecución contra opositores y por la violenta represión ejercida en las manifestaciones de 2018, las cuales causaron más de 300 víctimas mortales.