Chile: Kast presenta reforma de seguridad en el Senado
El proyecto fija la inhabilitación perpetua para condenados por terrorismo y un plazo de 15 días para su votación.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, envió un proyecto de reforma constitucional al Senado para reforzar el combate contra las bandas criminales.
La propuesta legal llegó al Parlamento con carácter de suma urgencia para que los legisladores la revisen en un plazo de 15 días.
El paquete de medidas busca frenar el avance de las redes criminales que operan a través de negocios ilegales en distintas zonas del país.
La iniciativa legislativa contempla mayores facultades de control y sanciones más severas para los delincuentes sentenciados.
El proyecto presentado por Kast plantea ocho modificaciones legales
La iniciativa encabezada por el mandatario Kast introduce ocho cambios concretos en el texto de la Constitución chilena en materia de seguridad y justicia.
Las autoridades buscan agilizar los procesos legales para intervenir zonas de alto riesgo de manera rápida y efectiva.
Los senadores iniciaron las sesiones de debate para analizar los alcances del documento antes de la votación definitiva en el Congreso.
La propuesta forma parte del plan integral del Gobierno para devolver la tranquilidad y el orden a las calles chilenas.
La propuesta crea un estado de excepción de hasta 120 días
El proyecto incorpora un nuevo estado de excepción frente a riesgos graves para la seguridad ciudadana con una duración de hasta 120 días consecutivos.
La medida podrá ampliarse por un periodo similar por decisión directa del Ejecutivo, mientras que prórrogas adicionales dependerán del visto bueno del Congreso.
Durante la aplicación de esta medida de emergencia, las autoridades podrán limitar el libre tránsito, suspender reuniones y fiscalizar documentos personales.
Estas disposiciones buscan desarticular centros de operaciones criminales en barrios afectados por la violencia.
La reforma establece la inhabilitación perpetua para cargos públicos
La iniciativa legal ordena que toda persona sentenciada por delitos relacionados con el terrorismo o el crimen organizado quede inhabilitada de por vida para trabajar en el Estado.
El texto incluye la creación de una base de datos con el registro de todas las bandas detectadas.
Además, el mandatario podrá declarar oficialmente a un grupo como terrorista si cuenta con el informe del Ministerio Público y el respaldo de dos tercios del Senado.
Con este mecanismo, el Gobierno busca aislar y sancionar con mayor rapidez a las organizaciones delictivas.