Walter Gutiérrez advierte politización en la gestión de Petroperú
Exdefensor del Pueblo cuestionó que Petroperú sigue recibiendo dinero público pese a no resolver sus fallas internas ni reformar su estructura
El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó en el programa N Portada de Canal N que Petroperú está politizada y su estructura de gestión es deficiente. Según explicó, decisiones clave sobre el futuro de la empresa estatal dependen de la Presidencia del Consejo de Ministros, algo que, desde su punto de vista, vulnera el orden constitucional.
Gutiérrez señaló que “la empresa está en manos de una burocracia” y que su problema no es económico sino estructural. Añadió que las decisiones que se presentan como financieras, como el llamado “saneamiento” o “reestructuración”, solo encubren nuevas transferencias millonarias sin reformas reales.
¿Por qué esto afecta a los ciudadanos?
El exdefensor explicó que cada vez que el Estado destina recursos a Petroperú, esos fondos provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Cuestionó que el Ejecutivo apruebe transferencias millonarias a una empresa con pérdidas acumuladas y sin un plan claro de transformación. “Estamos hablando de recursos que podrían ir a seguridad, salud o educación”, advirtió.
Además, alertó que estos actos podrían repetirse si no se establecen límites legales al uso de decretos de urgencia para financiar a empresas públicas. “Se normaliza que el gobierno decida dar más dinero sin debate ni control”, agregó.
¿Qué pasa con la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional?
Gutiérrez también informó que el Colegio de Abogados de Arequipa ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia n.° 013-2024, que autorizó la transferencia de US$ 750 millones a Petroperú. Esta acción legal busca que el Tribunal Constitucional revise el caso y defina si el Ejecutivo ha sobrepasado sus funciones.
Según detalló, el proceso ya está en marcha: el Tribunal debe admitir la demanda, notificar al Ejecutivo y fijar una audiencia pública. Allí se debatirá si estas decisiones del gobierno cumplen o no con los principios de legalidad, equilibrio fiscal y respeto a los límites constitucionales.